Ecuador impulsa reformas para acelerar la privatización y el extractivismo

El gobierno de Daniel Noboa ha presentado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica, denominado “Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía”. Esta iniciativa busca profundizar la privatización del sector eléctrico y otorgar condiciones excepcionales de acumulación al gran capital minero, en un contexto que diversos sectores sociales califican como una “emergencia fabricada” por el propio Ejecutivo.

Contenido de la reforma

• Privatización del sector eléctrico: Se plantea abrir aún más la participación privada en áreas estratégicas, debilitando el rol del Estado en la gestión de la energía.

• Facilitación de inversión minera: La reforma simplifica trámites y sustituye la licencia ambiental por una autorización menos rigurosa en la etapa de exploración.

• Activación de sectores estratégicos: El proyecto busca atraer capital intensivo en minería y energía, con promesas de divisas y encadenamientos productivos.

Reacciones sociales y políticas

• Organizaciones indígenas y sociales: La CONAIE y otros movimientos han denunciado que la reforma pone en riesgo derechos colectivos y territoriales, además de favorecer el despojo y la militarización en zonas rurales.

• Expertos ambientales: Alertan que la flexibilización de requisitos ambientales representa un retroceso histórico en la protección de ecosistemas y comunidades.

• Corte Constitucional: Semanas atrás declaró inconstitucional ciertas reformas previas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE), lo que evidencia tensiones jurídicas en torno al tema.

Implicaciones

• Económicas: La reforma busca atraer inversión extranjera, pero críticos señalan que los beneficios se concentrarán en grandes corporaciones, sin garantizar mejoras para la población.

• Sociales: Se anticipan conflictos territoriales y demandas de inconstitucionalidad por parte de comunidades afectadas.

• Ambientales: La reducción de controles ambientales podría incrementar la degradación de ecosistemas y la conflictividad socioambiental.

Conclusión

El proyecto de ley de Noboa marca un giro hacia la profundización del modelo extractivista en Ecuador. Mientras el gobierno lo presenta como una vía para dinamizar la economía y atraer inversión, organizaciones sociales e indígenas lo consideran un retroceso que amenaza derechos colectivos, la soberanía energética y la protección ambiental. El debate en la Asamblea Nacional será clave para definir si el país avanza hacia una mayor privatización o si se imponen límites en defensa del interés público.