Un informe reciente elaborado por asociaciones de clientes eléctricos libres de cinco países latinoamericanos Argentina, Chile, Colombia, Panamá y Costa Rica ha puesto en evidencia un retroceso de Chile en su proceso de transición energética. El documento, correspondiente al período 2024-2025, advierte que el país pasó de ser considerado una “vitrina” regional en energías limpias a mostrar señales preocupantes de debilitamiento en su sistema eléctrico
Retroceso en liderazgo energético: Chile, que había sido referente regional, enfrenta ahora el mayor blackout de su historia y precios finales de electricidad superiores a los de Perú y Brasil.
Clientes libres sin representación: Los grandes consumidores eléctricos carecen de una figura regulatoria que defienda sus intereses, lo que genera desventajas frente a otros actores del mercado.
Riesgos crecientes: Se identifican problemas en seguridad y calidad del servicio, volatilidad de precios y nuevos cargos que presionan la competitividad de las industrias.
Impacto en la competitividad: Estas condiciones afectan decisiones de inversión, elevan costos de producción y reducen el atractivo para nuevos proyectos industriales.
El informe no solo advierte riesgos, sino que también plantea alternativas:
Gestión activa de la demanda: Incentivar estrategias que permitan a los consumidores ajustar su consumo en función de precios y disponibilidad.
Contratación eficiente: Diseñar portafolios de contratos con indexadores adecuados para mitigar la volatilidad.
Autogeneración detrás del medidor: Promover soluciones de generación propia como alternativa para reducir costos y asegurar suministro.
El estudio compara la situación de Chile con la de otros países latinoamericanos:
Argentina y Colombia muestran avances en diversificación de fuentes y en mecanismos de representación de clientes libres.
Panamá y Costa Rica destacan por políticas de integración regional y estabilidad en precios.
Chile, en contraste, aparece como el país con mayores alertas en seguridad de suministro y competitividad industrial.
El caso chileno refleja la necesidad urgente de una política energética que coloque a la demanda en el centro, garantice seguridad de suministro y establezca tarifas justas y reglas claras para quienes invierten y producen en el país. Sin estas medidas, Chile corre el riesgo de perder competitividad y de frenar su transición hacia un sistema eléctrico más limpio y sostenible.