Chile, uno de los países con mayor dependencia de combustibles fósiles importados en América Latina, se encuentra en plena revisión de su estrategia nacional de energía con el objetivo de reducir su dependencia del petróleo extranjero y fortalecer su seguridad energética.
De acuerdo con un análisis de BNamericas, esta transformación representa una “oportunidad de sustitución de importaciones por miles de millones de dólares”, al impulsar inversiones en refinación, almacenamiento, logística y fuentes de energía alternativas.
Fecha:Monday 20 Oct de 2025
Gestor:ESCUELA ESGEP
Actualmente, Chile importa más del 95 % del petróleo y derivados que consume, lo que lo convierte en uno de los países más vulnerables de la región ante las fluctuaciones internacionales de precios.
Según cifras del Ministerio de Energía, el país gasta anualmente entre US$ 9.000 y 11.000 millones en importaciones de combustibles, principalmente desde Estados Unidos, Brasil y Ecuador.
Esa dependencia impacta directamente la balanza comercial y la inflación interna, especialmente en momentos de volatilidad como el observado en 2025, donde el precio promedio del barril Brent se ha mantenido entre US$ 85 y US$ 90.
El costo logístico y la exposición cambiaria generan una presión permanente sobre el presupuesto nacional y sobre los sectores productivos, especialmente el transporte y la industria minera.
“Chile ha avanzado en energías limpias, pero sigue siendo un país que depende fuertemente de combustibles importados. El desafío es diversificar sin comprometer la seguridad energética”, señaló Diego Pardow, ministro de Energía.
El gobierno trabaja en una hoja de ruta que combina nuevas inversiones privadas y públicas orientadas a reducir la dependencia del petróleo importado.
Entre las iniciativas en evaluación destacan:
Ampliación de capacidad de refinación nacional, especialmente en la Refinería Aconcagua (ENAP), para aumentar el procesamiento de crudo regional y optimizar la producción de diésel, gasolinas y lubricantes.
Modernización de terminales y sistemas de almacenamiento, con el fin de garantizar autonomía logística en caso de interrupciones externas.
Promoción de biocombustibles y combustibles sintéticos, con incentivos fiscales para proyectos que usen residuos agrícolas, forestales o industriales.
Impulso a la producción nacional de hidrógeno verde, como parte del programa de transición energética, para sustituir progresivamente parte del consumo de petróleo en transporte pesado e industria.
El Ministerio de Energía también analiza establecer alianzas estratégicas con países productores de América del Sur, como Argentina y Brasil, para asegurar contratos de suministro a largo plazo en condiciones preferenciales.
La estrategia de sustitución podría movilizar más de US$ 5.000 millones en inversiones durante los próximos cinco años, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Empresas locales e internacionales han mostrado interés en participar en proyectos de refinación y biocombustibles, mientras que ENAP lidera un plan para duplicar su capacidad de almacenamiento en la zona central y sur del país.
Además, el Gobierno evalúa un nuevo régimen de incentivos tributarios para empresas que inviertan en infraestructura energética y tecnologías que reduzcan importaciones.
En paralelo, la Comisión Nacional de Energía (CNE) estudia actualizar la normativa para permitir que privados participen directamente en la importación y comercialización de derivados, en un mercado históricamente dominado por la empresa estatal.
Si bien la meta central es reducir la vulnerabilidad energética, el plan se enmarca dentro del compromiso chileno de neutralidad de carbono para 2050.
La sustitución de importaciones no implica un aumento en la explotación de combustibles fósiles, sino una transición progresiva hacia un mix energético más equilibrado, donde el petróleo siga siendo relevante, pero más eficiente y complementado por fuentes limpias.
La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha reconocido los avances de Chile en energías renovables, pero advirtió que su “dependencia del petróleo es un riesgo estratégico persistente” y que el país debe diversificar no solo su generación eléctrica, sino también su sistema de transporte y suministro.
De concretarse las medidas planteadas, Chile podría ahorrar entre US$ 1.000 y US$ 1.500 millones anuales en importaciones energéticas a partir de 2030.
Este ahorro permitiría fortalecer las reservas internacionales, estabilizar la balanza de pagos y reducir la exposición ante crisis de precios globales.
Asimismo, se estima la creación de más de 15.000 empleos directos e indirectos en infraestructura energética, refinerías, transporte y nuevos proyectos de biocombustibles e hidrógeno.
Pese al optimismo, expertos advierten que el éxito del plan dependerá de varios factores:
La agilidad del Estado en aprobar marcos normativos y ambientales que incentiven las inversiones.
La capacidad financiera de ENAP para ejecutar proyectos de modernización sin comprometer su equilibrio económico.
La coordinación interministerial entre Energía, Hacienda y Medio Ambiente para garantizar una transición equilibrada.
La aceptación social de proyectos industriales y logísticos que podrían enfrentar resistencia en comunidades locales.
“Chile no busca independencia total del petróleo, sino reducir su exposición y aprovechar sus fortalezas tecnológicas para desarrollar un sistema energético más resiliente”, explicó el economista energético Felipe Pinto, consultor de la CNE.
El rediseño de la política petrolera chilena marca un paso trascendental hacia la autosuficiencia energética y la soberanía económica.
La sustitución de importaciones de petróleo, combinada con inversiones en infraestructura, biocombustibles y tecnologías limpias, podría transformar la matriz energética del país en la próxima década.
Sin embargo, el desafío no será menor: Chile deberá equilibrar su compromiso climático internacional con la urgencia de garantizar energía asequible y segura para su población y su industria.
El éxito de esta estrategia dependerá de la capacidad del país para atraer inversión, mantener estabilidad regulatoria y ejecutar con eficiencia un plan que podría redefinir su futuro energético y económico.