La crisis energética en Colombia se agrava por los bloqueos que mantienen paralizado el Complejo Gasífero Ballena desde inicios de noviembre, afectando la operación que abastece a millones de usuarios en el norte y centro del país. Las protestas de la comunidad indígena Carrapiñapule han impedido el ingreso de personal, alimentos y suministros, generando riesgo humanitario para 26 trabajadores dentro del complejo. Ecopetrol advierte que, si no se restablece el acceso, deberán apagarse los pozos, lo que provocaría un corte total de suministro y racionamientos industriales y residenciales. Esta situación ocurre en un momento de baja producción nacional de gas y mayor dependencia de importaciones, lo que podría desencadenar una crisis energética mayor. Mientras las comunidades exigen soluciones históricas, autoridades y gremios insisten en que los bloqueos no pueden comprometer la seguridad energética del país. La resolución del conflicto será determinante para evitar un desabastecimiento sin precedentes en Colombia.
La crisis energética en Colombia podría agudizarse en las próximas horas debido a los bloqueos que desde inicios de noviembre mantienen paralizado el Complejo Gasífero Ballena, uno de los activos más estratégicos para el suministro de gas natural en el país. Ecopetrol y su filial Hocol advirtieron que, de mantenerse la situación, será inevitable interrumpir la producción y distribución de gas, lo que afectaría a millones de usuarios del norte y centro del territorio colombiano.
Las manifestaciones, lideradas por la comunidad indígena Carrapiñapule, impiden la entrada y salida de personal operativo, vehículos técnicos, alimentos y suministros esenciales para la planta. Los bloqueos comenzaron el 3 de noviembre, pero la situación se agravó en los últimos días debido al endurecimiento de las protestas y la exigencia de soluciones inmediatas por parte del Gobierno a problemáticas estructurales de la región: falta de agua potable, servicios básicos insuficientes, deficiencias educativas, transporte escolar y reconocimiento formal de autoridades tradicionales wayuu.
El Complejo Ballena es considerado el corazón del sistema gasífero de la costa Caribe. Procesa gas de varios campos y aporta cerca de 70 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa una proporción crítica del suministro nacional. Este flujo abastece hogares residenciales, industrias, transporte y plantas termoeléctricas que respaldan la estabilidad del sistema interconectado nacional.
La imposibilidad de ingreso de personal especializado ha obligado a Ecopetrol a activar protocolos de mínima operación, pero las reservas internas se agotan y persiste un riesgo latente para los 26 trabajadores que permanecen dentro del complejo, quienes enfrentan dificultades para acceder a alimentos, hidratación y condiciones adecuadas de descanso. La compañía calificó el escenario como una situación humanitaria urgente.
Si no se recupera el acceso al complejo, Ecopetrol deberá apagar los pozos productores, un procedimiento delicado que implicaría un paro total del sistema. La consecuencia inmediata sería la suspensión del flujo de gas hacia:
Distribuidoras de gas domiciliario y empresas industriales han alertado que, de concretarse el corte, se verían obligadas a aplicar racionamientos, priorizar sectores esenciales y restringir operaciones industriales que dependen del gas para procesos térmicos o generación eléctrica.
El llamado de Ecopetrol se da en un momento crítico: Colombia enfrenta una caída sostenida en su producción de gas natural durante 2024 y 2025, obligando al país a incrementar importaciones o a depender más del gas licuado (GLP). A esto se suma el impacto del fenómeno de El Niño, que ha reducido los niveles de los embalses hidroeléctricos y aumentado la necesidad de respaldo térmico basado en gas.
Analistas indican que un apagón en Ballena podría desatar una crisis energética mayor, generando presión sobre los precios del combustible, riesgos de racionamiento y un impacto social significativo durante un periodo de alta demanda.
Las comunidades reclaman desde hace meses la atención de un conjunto de necesidades insatisfechas. Aunque el Gobierno ha instalado mesas de diálogo, líderes wayuu denuncian lentitud, incumplimientos históricos y falta de garantías. Para ellos, los bloqueos son el último recurso para exigir una respuesta efectiva.
Sin embargo, gremios empresariales, la Defensoría del Pueblo y autoridades regionales advierten que las protestas —aunque legítimas— no pueden poner en riesgo la seguridad energética de todo un país, ni comprometer la integridad de los trabajadores retenidos.
Ecopetrol solicitó al Gobierno Nacional la activación de corredores humanitarios, el restablecimiento del orden y la garantía del acceso operativo al complejo. También pidió la intervención de autoridades de derechos humanos para proteger a los trabajadores que permanecen dentro de las instalaciones.
El Ministerio de Minas y Energía ha señalado que el diálogo es prioritario, pero reconoció que la situación “es crítica y de alto impacto nacional”, por lo que se estudian medidas adicionales en caso de que el bloqueo persista.
Si no se logra un acuerdo inmediato, las consecuencias podrían incluir:
Expertos señalan que el país enfrenta uno de los desafíos energéticos más delicados de la última década, pues el bloqueo no solo afecta la cadena de distribución, sino que evidencia la fragilidad de la infraestructura energética ante conflictos sociales no resueltos.
Los bloqueos en el campo Guajira han dejado a Colombia al borde de una posible escasez nacional de gas. Ecopetrol insiste en que la solución debe ser inmediata para evitar una crisis energética de gran magnitud. Mientras tanto, la seguridad de los trabajadores y el futuro de millones de hogares e industrias dependen de la capacidad de diálogo y respuesta del Estado en las próximas horas.