Colombia y Perú: la triple frontera, bajo asedio por minería ilegal, narcotráfico y deforestación sin control

La crisis en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil ha escalado a niveles alarmantes, con la minería ilegal, el narcotráfico y la tala indiscriminada como protagonistas de un escenario que amenaza tanto al medioambiente como a la estabilidad social. Un monitoreo satelital reciente identificó 56 puntos activos de minería ilegal en los ríos Puré y Cotuhé, afectando directamente a comunidades indígenas con contaminación y pérdida de recursos hídricos. Según el experto Pedro Yaranga, la minería ilegal ha superado en ganancias al narcotráfico en los últimos tres años, impulsada por el alza del precio del oro, y se ve acompañada por tala ilegal y extorsiones. La ausencia de control estatal ha facilitado el ingreso de grupos colombianos para promover cultivos ilícitos, configurando un “triángulo criminal” descrito por Crisis Group. Casos recientes, como la masacre en Pataz, la incautación récord de mercurio en el Callao y las denuncias de pueblos amazónicos, evidencian la urgencia de una cooperación regional efectiva. Sin medidas firmes, esta región seguirá siendo epicentro de devastación ambiental y crimen organizado.

El conflicto diplomático por la soberanía en la isla Santa Rosa evidencia una crisis aún más profunda: la zona fronteriza entre Perú, Colombia y Brasil es actualmente un punto crítico para actividades delictivas como minería ilegal de oro, narcotráfico y tala indiscriminada. Según expertos en seguridad, esta región se encuentra “plagada” de economías ilícitas que amenazan tanto el medioambiente como la integridad social.

Un reciente monitoreo satelital identificó 56 puntos activos de minería ilegal en los ríos amazónicos Puré y Cotuhé, indicando un grave deterioro ambiental que no respeta fronteras ni áreas protegidas. Estos corredores acuáticos atraviesan territorios tanto peruanos como colombianos, exponiendo a comunidades indígenas a contaminación, pérdida de acceso al agua potable y la propagación de economías criminales transnacionales .

Según Pedro Yaranga, experto en narcotráfico y terrorismo, la minería ilegal de oro en esta región ha superado en lucratividad al narcotráfico, y ha aumentado notablemente en los últimos tres años, impulsada por los precios internacionales del metal. A esto se suma la tala ilegal y la extorsión, actividades que prosperan ante la notable ausencia de un control estatal efectivo . Este caos institucional y de seguridad ha permitido además el ingreso de grupos colombianos para incentivar el cultivo de coca en zonas como Ramón Castilla.

Este panorama no es aislado: un análisis reciente de Crisis Group describe cómo los beneficios del narcotráfico se reciclan en actividades ambientales destructivas como minería, tala y extracción ilegal de fauna, generando un triángulo criminal que aprovecha las jurisdicciones difusas y las áreas sin presencia gubernamental . Enfrentar esta amenaza exige cooperación regional urgente y una presencia del Estado mucho más efectiva.

Situación reciente e impacto generalizado:

• Masacre en mina de Pataz: Trece trabajadores fueron asesinados por grupos vinculados a la minería ilegal, lo que provocó el cierre temporal de operaciones y tibias respuestas estatales .
• Incautación récord de mercurio: Cuatro toneladas de mercurio, utilizadas para extraer oro ilegalmente, fueron retenidas en el puerto del Callao; evidencia del comercio ilícito y su impacto ambiental y sanitario .
• Quejas de comunidades amazónicas: Pueblo indígenas de Loreto denunciaron ante organismos regionales que el Estado no ha detenido la contaminación por mercurio ni la expansión de actividades ilegales en sus territorios .

Conclusión

La triple frontera amazónica entre Perú y Colombia ya no es solo un foco de tensiones diplomáticas, sino un área donde convergen las más graves amenazas ambientales y criminales. La minería ilegal, el narcotráfico y la deforestación operan en un entramado institucional debilitado, que requiere respuestas multilaterales integrales. La comunidad internacional y los gobiernos vecinos deben priorizar la protección de la Amazonía, poniendo fin a la impunidad que facilita la devastación de uno de los pulmones más biodiversos del planeta.