Ecuador da un paso clave con la nueva Ley Urgente de Minería y Energía

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este primer informe sobre la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, un proyecto con carácter económico urgente impulsado por el Ejecutivo, durante una sesión que se realizó recientemente en Guayaquil. Esta decisión marca un paso importante en la discusión legislativa de una normativa que podría transformar profundamente dos de los sectores más relevantes para la economía del país: la minería y la energía. La iniciativa, enviada por el presidente de la República con la intención de agilizar procesos administrativos, atraer inversión y reforzar la regulación de estos sectores, logró superar una moción de archivo presentada por la bancada de Revolución Ciudadana (RC) gracias al respaldo mayoritario de las fuerzas oficialis

Un debate marcado por la polarización política

La sesión para aprobar el informe fue altamente polarizada políticamente, con voces de oposición advirtiendo que los tiempos acelerados del trámite y el contenido del proyecto podrían implicar riesgos importantes para la protección ambiental y los controles regulatorios de proyectos extractivos. Para la Revolución Ciudadana, el hecho de que la ley avance con carácter urgente y sin un debate más amplio con actores sociales resta legitimidad al proceso.

Por su parte, los defensores de la norma dentro del oficialismo aseguraron que las reformas son necesarias para corregir déficits estructurales que han afectado la competitividad de los sectores minero y energético y que la ley permitirá promover mayor transparencia y eficiencia, reduciendo trámites burocráticos que desalientan la inversión.

Lo que propone el proyecto de ley

El texto legal introduce cambios profundos tanto en la regulación minera como en la del sector energético, con el objetivo de dinamizar estas actividades, adaptarlas a los retos actuales y atraer capital, incluyendo el extranjero, bajo marcos más claros y ágiles:

1. Reforma de la minería

• Nuevas reglas para la etapa de exploración: Se propone un máximo de 15 años para la fase previa a la explotación, incluyendo subfases de exploración inicial, avanzada y evaluación económica, con transiciones automáticas si se cumplen los requisitos técnicos y ambientales.

• Modificación de patentes mineras: Se define un esquema progresivo de pago de patentes de conservación minera, con porcentajes sobre una remuneración básica unificada que aumentan conforme avanza el proyecto.

• Estructura de regalías: El proyecto mantiene el esquema de regalías entre 3 % y 8 % de las ventas de minerales principales y secundarios, además de ajustes en su distribución.

• Clústers mineros y planificación territorial: Se incorpora la posibilidad de establecer clústers con infraestructura compartida para potenciar proyectos y mejorar su eficiencia.

• Áreas de protección estratégica: Se pueden declarar zonas con protección especial por su importancia económica o estratégica, incluso con participación de las Fuerzas Armadas para seguridad del proyecto.

• Autorización ambiental: Se sustituye la tradicional “licencia ambiental” por una “autorización administrativa ambiental”, lo cual supone cambios en los requisitos y controles ambientales antes de iniciar actividades.

2. Ajustes en el sector energético

• Autogeneración y sistemas energéticos: El proyecto amplía las posibilidades de autogeneración de energía para consumidores finales, permitiendo el uso de diversas tecnologías sin restringirlas exclusivamente a fuentes renovables.

• Participación de privados: Se habilita que empresas de capital privado o mixto puedan participar de manera más amplia en la generación de energía eléctrica y otros servicios, potencialmente con más autonomía.

Críticas desde la oposición y sectores sociales

Legisladores de la Revolución Ciudadana como Ana Belén Yela han expresado fuertes críticas, afirmando que la ley podría reducir los controles ambientales, facilitar la expansión de la minería sin suficientes garantías y abrir puertas a procesos de privatización del sector energético. Según Yela, cambios como la sustitución de licencias ambientales por autorizaciones menos rigurosas y la ampliación de autogeneración no garantizan la transición hacia fuentes más limpias.

Además, la posibilidad de que grandes proyectos mineros cuenten con seguridad del Estado, incluida presencia militar, ha generado inquietudes sobre la militarización de zonas con conflictos socioambientales y tensiones con comunidades locales.

Próximos pasos y contexto legislativo

Al tratarse de una norma urgente en materia económica, la Asamblea tiene un plazo máximo de 30 días para debatir y aprobar definitivamente la ley. El informe ahora pasará al Pleno para continuar el proceso legislativo.

La iniciativa se produce en un momento en que Ecuador enfrenta desafíos importantes en materia energética, tras años de esfuerzos por diversificar su matriz energética y resolver problemas estructurales que han impactado la oferta y demanda eléctrica.