Gobierno de Lula Impulsa Electricidad Gratuita para Familias Vulnerables en Brasil

En abril de 2025, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva presentó una de las iniciativas sociales más ambiciosas de su tercer mandato: un proyecto de reforma del mercado eléctrico que incluye el acceso gratuito a los primeros 80 kilovatios-hora (kWh) mensuales de consumo para millones de familias brasileñas en situación de vulnerabilidad. Esta medida forma parte del anteproyecto de ley de modernización del sistema eléctrico, y busca garantizar el derecho básico a la energía, reducir la pobreza energética y fortalecer la justicia social en el país.

La propuesta, liderada por el Ministerio de Minas y Energía (MME), no solo apunta a la inclusión social, sino también a acelerar la transición hacia un sistema eléctrico más abierto, competitivo y sostenible.

¿En qué consiste la propuesta?

El núcleo del proyecto consiste en permitir que aproximadamente 4,5 millones de hogares brasileños que actualmente forman parte del programa de Tarifa Social de Energía Eléctrica (TSEE) reciban los primeros 80 kWh de consumo eléctrico de manera completamente gratuita cada mes. Esto equivale al consumo básico de iluminación, refrigeración, y electrodomésticos de uso esencial para una familia promedio de bajos recursos.

La propuesta se enmarca en una reforma más amplia que busca:

• Liberalizar el mercado eléctrico, permitiendo que a partir de 2028 todos los usuarios —incluidos residenciales— puedan elegir libremente a su proveedor de energía.

• Fomentar la competencia y bajar los precios de la electricidad mediante la apertura total del mercado minorista.

• Incentivar el uso de energías renovables como parte de la política de sostenibilidad del Plan Nacional de Transición Energética Justa.

¿A quién beneficiaría la medida?

El subsidio eléctrico propuesto beneficiaría directamente a:

• Hogares inscritos en programas sociales como Bolsa Família o Cadastro Único.

• Personas con bajos ingresos que reciben pensiones no contributivas.

• Familias con miembros que requieren equipamiento médico dependiente de energía.

Según datos del gobierno, más de 60 millones de personas podrían verse beneficiadas directa o indirectamente con esta política, ya que las tarifas eléctricas afectan no solo el presupuesto familiar, sino también la calidad de vida, acceso a la educación digital y la productividad doméstica.

Fundamentos sociales y económicos

El acceso a la energía eléctrica ha sido reconocido por Naciones Unidas como un derecho humano fundamental, esencial para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida. En Brasil, aunque la cobertura eléctrica supera el 99%, muchas familias enfrentan lo que se conoce como “pobreza energética”, es decir, la imposibilidad de pagar tarifas eléctricas suficientes para cubrir necesidades básicas.

Con esta medida, el gobierno de Lula busca:

• Reducir el gasto en electricidad de las familias más pobres.

• Evitar desconexiones por impago, una situación que afecta a millones cada año.

• Mejorar las condiciones de estudio, salud y alimentación en hogares vulnerables.

A nivel macroeconómico, la medida también dinamiza el consumo interno y puede contribuir a mejorar indicadores de desarrollo humano.

Financiación del programa

La electricidad gratuita para los primeros 80 kWh consumidos no será cubierta por los generadores ni distribuidores de forma unilateral. El gobierno ha propuesto financiar este subsidio a través de un fondo de compensación tarifaria, sostenido por:

• Contribuciones de los consumidores de mayor poder adquisitivo.

• Reasignación de partidas del Tesoro Nacional.

• Reducción de pérdidas por morosidad e impagos.

• Mayor eficiencia administrativa en las concesionarias eléctricas.

Los expertos aseguran que el costo fiscal es sostenible, considerando que el subsidio se limita a un consumo básico y que las tarifas promedio del sistema brasileño son competitivas en comparación con otros países de la región.

El componente estructural: reforma del mercado eléctrico

Además del subsidio, el proyecto incluye una reforma integral del sistema eléctrico brasileño que busca:

• Abrir el mercado minorista a todos los consumidores en 2028.

• Incluir energías renovables no reguladas en el mercado libre.

• Fortalecer la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) como organismo regulador independiente.

• Modernizar el modelo tarifario, eliminando distorsiones y promoviendo eficiencia.

Brasil cuenta con una matriz eléctrica en la que más del 85% proviene de fuentes renovables (principalmente hidroeléctrica, solar y eólica). Este liderazgo regional es uno de los pilares que hace viable una expansión equitativa y sostenible del acceso a la energía.

Reacciones y perspectivas

Reacciones positivas:

• Organismos internacionales como la CEPAL y el Banco Mundial han aplaudido la medida como una política “audaz y estructural” para reducir la pobreza.

• Organizaciones sociales y de defensa del consumidor consideran que la propuesta marca un cambio real en la concepción del acceso a la energía como un derecho y no como un privilegio.

• El sector de renovables ve en esta política un incentivo indirecto a la electrificación limpia y descentralizada.

Críticas y desafíos:

• Algunos analistas del sector privado alertan sobre posibles distorsiones tarifarias si no se controla adecuadamente el fondo de subsidios.

• Se requiere un plan claro de implementación, que evite sobrerregulación o rigidez en la transición al mercado libre.

Conclusión

La propuesta del gobierno de Lula para otorgar electricidad gratuita a las familias vulnerables de Brasil representa un paso significativo hacia una política energética más justa, inclusiva y moderna. En un país marcado por profundas desigualdades sociales, garantizar el acceso a un bien esencial como la electricidad puede convertirse en una herramienta transformadora para millones.

A la par, la iniciativa se alinea con una visión de futuro en la que la sostenibilidad, la equidad y la eficiencia energética convergen para impulsar un desarrollo más humano y resiliente. Su éxito dependerá de la implementación técnica, la cooperación institucional y la voluntad política de mantener el foco en los sectores históricamente excluidos.