El Gobierno peruano aprobó una reestructuración patrimonial de la compañía estatal Petroperú S.A., en medio de una profunda crisis financiera que ha dejado a la empresa con enormes pérdidas y deudas acumuladas, y con uno de sus activos más estratégicos, la refinería de Talara, como epicentro de la reorganización. La medida busca darle viabilidad financiera a la petrolera y allanar el camino para atraer capital privado sin despojar al Estado de la propiedad de sus activos más importantes.
Hasta el tercer trimestre de 2025, Petroperú reportó una deuda acumulada de aproximadamente US$ 5.350 millones y pérdidas que superan los US$ 2.224 millones, reflejando un deterioro preocupante en su situación económica. En respuesta, el Estado peruano ha comprometido cerca de 17.888 millones de soles (aproximadamente US$ 5.327 millones) entre 2022 y 2024 para sostener financieramente a la petrolera, además de honrar garantías cercanas a los US$ 900 millones solo en 2025.
La caída en los ingresos de la empresa también ha sido significativa, pasando de US$ 5.581 millones en 2022 a US$ 3.527 millones en 2024, con una leve proyección de recuperación para finales de 2025, aunque aún lejos de los niveles operativos necesarios para equilibrar sus cuentas.
El activo más valioso de Petroperú y a la vez uno de los más problemáticos en términos financieros es la Refinería de Talara, el mayor complejo de refinación de petróleo en Perú. Esta instalación fue objeto de una modernización que originalmente se estimó en US$ 2.700 millones, pero cuyo coste final se disparó hasta aproximadamente US$ 6.000 millones, afectando severamente las finanzas de la empresa.
La refinería, que aumentó su capacidad de procesamiento de 65.000 a 95.000 barriles por día, desempeña un papel clave en la infraestructura energética del país. Sin embargo, debido a los elevados costos de construcción y su impacto en el endeudamiento de la petrolera, se ha convertido en uno de los núcleos de la crisis actual.
Mediante un Decreto de Urgencia aprobado por el Ejecutivo, se autorizó a Petroperú a realizar una “reorganización patrimonial” que incluye la posibilidad de segmentar sus activos en bloques patrimoniales independientes. Esta medida permitirá, entre otras cosas, que partes de la compañía incluyendo posiblemente la refinería de Talara sean administradas o gestionadas bajo estructuras que permitan la entrada de capital privado.
La agencia estatal ProInversión, especializada en promover la inversión privada en Perú, fue designada para conducir este proceso de reorganización. Su rol será esencial para estructurar los activos, definir modalidades de gestión, atraer inversionistas y diseñar esquemas que permitan la generación de recursos suficientes para cubrir pasivos críticos de Petroperú.
Si bien el Gobierno enfatiza que la empresa estatal no será privatizada en su totalidad y que el Estado seguirá siendo propietario, la apertura a que la gestión de ciertos activos como la refinería Talara pueda pasar a manos privadas ha generado un intenso debate político y social. Críticos del plan han señalado que podría implicar una privatización encubierta o una pérdida de control sobre infraestructura estratégica clave.
El decreto también autoriza a ProInversión a establecer fideicomisos y garantías que aseguren la utilización de los ingresos generados por los activos reorganizados para atender las obligaciones financieras y laborales más urgentes de la petrolera, incluyendo la reestructuración y reducción ordenada de su nómina.
Además de sus pérdidas y deuda, Petroperú enfrenta retos operativos vinculados a su modelo de negocio. Actualmente, la empresa no produce petróleo propio y depende de la importación y refinación para abastecer al mercado nacional. Esto ha reducido su margen de maniobra financiera y su capacidad de generar liquidez interna.
El proceso de reorganización busca no solo estabilizar financieramente a Petroperú, sino también garantizar el abastecimiento continuo de combustibles en el país, especialmente en regiones donde la petrolera estatal tiene una participación mayoritaria del mercado.
El plan de reestructuración de Petroperú representa uno de los movimientos más significativos en la historia reciente de la industria petrolera estatal peruana. Con deudas multimillonarias, pérdidas operativas sostenidas y la necesidad urgente de atraer inversiones, la compañía se enfrenta a un punto de inflexión que podría redefinir su futuro y su rol dentro del mercado energético nacional.
Este proceso, liderado por ProInversión y bajo la supervisión del Gobierno, se perfila como una estrategia crítica para rescatar la viabilidad financiera de Petroperú, reducir el riesgo fiscal para el Estado y garantizar el suministro energético del país, mientras se mantiene vivo el debate sobre la participación del sector privado en activos estratégicos del Estado.