Qué cambia en el sector energético peruano con el gobierno de Keiko Fujimori

Ningún sector llega a la transmisión de mando con una agenda tan cargada como el energético. Keiko Fujimori asume la presidencia del Perú el 28 de julio, y el expediente que recibe el nuevo Ministerio de Energía y Minas ya está escrito: lo redactó la deflagración del 1 de marzo en el ducto de líquidos de Camisea.

El punto de partida: una vulnerabilidad demostrada

La interrupción del transporte de Camisea dejó sin gas natural al 83 % de Lima, obligó a reemplazar centrales térmicas por unidades a diésel y sextuplicó costos de generación en 24 horas. El diagnóstico posterior fue unánime en el sector: el problema no fue la avería, sino la arquitectura. ENGIE lo resumió señalando que la matriz peruana depende en más del 30 % de esa fuente y que la dependencia de un único ducto convierte cualquier interrupción en un riesgo sistémico.

A esa fragilidad estructural se suman tres cuellos de botella que las propias empresas del sector han puesto sobre la mesa del gobierno entrante:

• Regulación eléctrica desactualizada. El modelo de distribución sigue anclado en la Ley de Concesiones Eléctricas, con más de tres décadas de vigencia. Los CEOs de las distribuidoras plantearon a mediados de julio, en Expo Energía 2026, que la norma no reconoce generación distribuida, almacenamiento en baterías ni medidores inteligentes, y propusieron una comisión conjunta con el MINEM y Osinergmin para redactar un nuevo marco tarifario.
• Permisología. Según empresarios del sector consultados por Gestión, autorizar una central de generación, una línea de transmisión o una subestación puede tomar hasta cinco años.
• Transmisión. El desbalance ya se ve en precios: mientras los costos marginales medios rondaban los US$ 28 por MWh en el centro y sur en mayo, en el norte treparon hasta US$ 89 por MWh, presionados por la demanda agroindustrial y minera y por la congestión en alta y media tensión.

Y todo eso con la demanda subiendo. El COES reportó un crecimiento de la producción eléctrica de 5,47 % en mayo y de 3,69 % acumulado en los primeros cinco meses del año, muy por encima del 2,02 % de todo 2025.

Las metas del plan "Perú con Orden"

El programa energético de Fuerza Popular es cuantitativamente ambicioso y normativamente liberalizador. Sus cuatro compromisos verificables:

El instrumento transversal es un shock de desregulación aplicado al MINEM: ventanilla única digital, plazos vinculantes para autorizaciones y opiniones técnicas, y trazabilidad de trámites, sin —según el propio documento— debilitar estándares ambientales. Para las zonas sin acceso a red, el plan apuesta por generación descentralizada con gas natural.

Una precisión editorial necesaria: la línea base de 6 % renovable que consigna el plan no es comparable con el 10,5 % de participación de renovables no convencionales en la generación eléctrica que reportaba el sector a agosto de 2025. Se están midiendo cosas distintas —matriz energética total versus generación eléctrica—, y esa ambigüedad complicará la medición del cumplimiento.

Hidrocarburos: continuidad correctiva en Petroperú

En la estatal, el planteamiento no es de ruptura. Fuerza Popular propone continuar con la venta de activos no estratégicos para reducir pasivos y mejorar el flujo de caja, y concentrar a Petroperú exclusivamente en refinación y distribución, con foco en la sostenibilidad financiera de Talara. El Oleoducto Norperuano pasaría a manos de un operador especializado bajo un esquema de administración de activos que garantice mantenimiento, seguridad ambiental y continuidad logística.

No hay privatización en el papel. Sí una reorganización que podría ubicarse entre las primeras decisiones del quinquenio, y que tendrá que convivir con la aritmética parlamentaria.

En exploración, el nuevo gobierno hereda el diagnóstico que el MINEM saliente incluyó en su proyecto de decreto: apenas tres perforaciones exploratorias entre 2021 y 2025, 146 áreas sin contratos vigentes y 46,2 billones de pies cúbicos de recursos prospectivos de gas natural sin desarrollar.

Sobre el Gasoducto Sur Peruano, Fuerza Popular figura entre las pocas agrupaciones que en su plan proyecta culminarlo. La observación de una revisión comparativa de La República durante la campaña sigue vigente: consigna metas y fechas, pero no el mecanismo de ejecución.

Las decisiones que ya están sobre la mesa

Este es el punto que más debería interesar a inversionistas y operadores: buena parte de la agenda energética del primer año no la definirá el nuevo gobierno desde cero, sino que consiste en confirmar, modificar o frenar procesos ya en marcha.

1. La planta regasificadora de GNL. Tras la crisis de marzo, el Ejecutivo saliente descartó un segundo ducto para Camisea y optó por una planta de regasificación con almacenamiento, encargando a ProInversión la convocatoria. El entonces ministro Angelo Alfaro estimó un plazo aproximado de dos años para tener la infraestructura. Es la decisión más consecuente del expediente: define si la seguridad de suministro se resuelve por redundancia de transporte o por capacidad de almacenamiento e importación.

2. La adenda TGP. Unos US$ 2.000 millones de inversión, con adjudicación prevista para el último trimestre de 2026 —es decir, dentro del primer semestre de gestión fujimorista—. Contempla 923 kilómetros de ductos y tres estaciones de compresión para Ica, Arequipa y Moquegua, y refuerzo del suministro a las centrales de Ilo y Mollendo.

3. Masificación en el sur. La iniciativa estatal para Arequipa, Moquegua y Tacna, por unos US$ 266 millones, con convocatoria prevista en el tercer trimestre de 2026 y adjudicación en el primero de 2027: 2.510 kilómetros de redes, dos city gates y nueve plantas satelitales de regasificación.

4. La adenda Cálidda, por unos US$ 643 millones.

En conjunto, ProInversión maneja una cartera de gas natural de hasta US$ 2.900 millones para 2026-2027 en 11 regiones, dentro de un portafolio de hidrocarburos que Gestión cifró en US$ 7.230 millones para 2026-2028.

5. El Plan Energético Integrado de Largo Plazo. El 19 de julio, el MINEM prepublicó el proyecto de Decreto Supremo que lo crea, con 20 días de comentarios. El plazo vence ya con el nuevo gabinete instalado: será Fujimori quien lo apruebe, lo redefina o lo archive.

6. El reglamento de la Ley N° 32249, que el sector eléctrico aguarda para conocer las reglas de las próximas licitaciones de suministro al mercado regulado.

Quién dirigirá el MINEM

Al cierre de esta nota ningún ministro había juramentado. Perú21 reportó que para Energía y Minas suena Guillermo Shinno, magíster por ESAN, exgerente general de Compañía Minera Apumayo y viceministro de Minas entre 2011 y 2012. Semanas antes, Expreso había ubicado en esa cartera a Rafael Belaunde Llosa, exministro del sector en 2020, hoy mencionado para Defensa. La rotación de nombres da la medida de lo poco cerrado del asunto.

El desafío del titular entrante excede lo técnico. El analista Iván Arenas ha advertido que el MINEM dejó de ser la isla de excelencia técnica que fue, con denuncias de presunta corrupción en las direcciones de formalización minera y en el subsector eléctrico, donde el ministerio tiene asiento en once empresas distribuidoras.

El límite político

Aquí está el riesgo real de ejecución. Fuerza Popular es primera fuerza en el nuevo Congreso bicameral, pero no mayoría: 41 de 130 diputados y 22 de 60 senadores. Reformar la Ley de Concesiones Eléctricas, modernizar la Ley General de Minería o reorganizar Petroperú exige construir mayorías con al menos dos bancadas adicionales, en un Legislativo donde el bloque vinculado al Reinfo tiene representación directa.

A eso se suman tres variables externas: precios altos de los metales —que dan holgura fiscal—, un conflicto en Medio Oriente que presiona el crudo en un país que importa tres cuartas partes de su diésel, y un Niño costero con anomalías de hasta 5,5 °C sobre lo normal en la costa central y norte.

Qué vigilar en los primeros 100 días

1. Si se ratifica o se revierte la decisión de priorizar la planta regasificadora sobre un segundo ducto.
2. Si la adjudicación de la adenda TGP se mantiene en el cuarto trimestre.
3. Qué pasa con el proyecto de Decreto Supremo del Plan Energético Integrado de Largo Plazo tras el cierre de comentarios.
4. Si el "shock desregulatorio" se traduce en una norma concreta de plazos vinculantes en el MINEM o queda en enunciado.
5. Si se instala la comisión de reforma del marco tarifario de distribución que pidieron las empresas.
6. Si el gobierno presenta una hoja de ruta de exploración para revertir las tres perforaciones del último quinquenio.

Las metas están escritas. La diferencia entre un plan y un resultado, en el sector energético peruano, casi siempre se ha jugado en la capacidad de destrabar y en los votos para hacerlo.