Bolivia enfrenta riesgo de quedarse sin gas para exportar en tres años, advierte la Cámara de Hidrocarburos

Viceministro Raúl Mayta pide no politizar la nueva ley de hidrocarburos: “Obedece a criterios técnicos”

La autoridad subraya que el proyecto de ley para incentivar la exploración y explotación de gas en Bolivia es una respuesta técnica a la crisis productiva, no un instrumento político.

En medio del debate nacional por el proyecto de ley de Reactivación de la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, el viceministro del área, Raúl Mayta, hizo un llamado a la reflexión: pidió que no se politice la iniciativa, ya que se trata de una respuesta técnica y necesaria ante la caída de la producción de gas en Bolivia.

“Esta es una propuesta basada en datos reales, en necesidades urgentes del sector energético. No responde a intereses políticos o partidarios, sino a una situación crítica que debemos resolver como país”, declaró Mayta durante un encuentro con autoridades legislativas y representantes del sector hidrocarburos.

Un contexto complejo: producción en caída

Bolivia atraviesa una situación preocupante en cuanto a su producción de gas natural, que ha sido históricamente uno de los pilares económicos del país. En la última década, la producción ha caído de más de 60 millones de metros cúbicos diarios a menos de 28 millones, lo que pone en riesgo:

El abastecimiento interno de gas para hogares, industrias y transporte.

Las exportaciones a Brasil y Argentina, que generan ingresos clave.

La estabilidad energética nacional.

La posibilidad de tener que importar gas o combustibles en pocos años.

Ante este panorama, el proyecto de ley busca estimular nuevas inversiones, especialmente privadas, para explorar y explotar nuevos campos gasíferos y así revertir la tendencia a la baja.

¿Qué propone el proyecto de ley?

El proyecto de ley en cuestión plantea:

• Otorgar incentivos económicos por cada millar de pies cúbicos de gas entregado al mercado interno:
• 1 dólar por proyectos de exploración.
• 2 dólares por proyectos en fase de explotación.
• Atraer inversión privada nacional y extranjera.
• Agilizar procesos y facilitar la firma de contratos con condiciones más atractivas.
• Complementar la gestión de la empresa estatal YPFB con asociaciones estratégicas.

La idea es generar las condiciones para que más empresas se animen a invertir en Bolivia, y así descubrir nuevos yacimientos o aumentar la producción en los campos ya existentes.

¿Por qué pidió el viceministro que no se politice?

Raúl Mayta enfatizó que la situación energética del país es delicada, y que el tratamiento de esta ley debe estar guiado por criterios técnicos y económicos, no políticos o ideológicos.

“El riesgo de no actuar a tiempo es real. Podemos quedarnos sin gas para exportar, o incluso tener que importar en los próximos años si no generamos nuevas inversiones hoy”, advirtió.

Mayta también explicó que el proyecto no busca beneficiar a un grupo en particular, sino proteger el interés nacional, garantizando la seguridad energética y el desarrollo económico del país.

Además, señaló que el diseño de la ley se hizo en coordinación con técnicos del sector público y privado, basándose en datos, proyecciones y experiencias de otros países.

¿Qué podría pasar si se politiza la discusión?

Cuando una propuesta técnica se convierte en un campo de batalla política, pueden ocurrir varios efectos negativos:

• Retrasos en la aprobación de la ley, lo que posterga inversiones urgentes.
• Desconfianza de los inversores, que buscan estabilidad y señales claras.
• Desviación del enfoque técnico, afectando la calidad de la norma.
• Mayor incertidumbre para el sector energético, que ya enfrenta muchos desafíos.

Mayta insistió en que Bolivia necesita unidad y visión de futuro para salir adelante en esta etapa crítica. “No se trata de una ley de gobierno, sino de una ley para el país”, aseguró.

El rol del Legislativo y la sociedad

El proyecto de ley será analizado y debatido por la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se espera que los distintos sectores políticos pongan por delante los intereses del país.

Asimismo, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías ha manifestado su disposición a abrir espacios de diálogo con actores sociales, técnicos, empresarios y expertos, para enriquecer el contenido de la ley y asegurar su efectividad.

Conclusión

El llamado del viceministro Raúl Mayta a no politizar el proyecto de ley sobre exploración y explotación de hidrocarburos es un recordatorio importante: Bolivia enfrenta una situación energética delicada, y las soluciones deben construirse con base en datos, diálogo y responsabilidad técnica.

Con el apoyo político adecuado y la participación activa del sector privado, esta ley puede marcar el inicio de una recuperación productiva y energética para el país, evitando crisis mayores en los próximos años.