Bolivia enfrenta un desafío crítico: necesita elevar su producción de líquidos (petróleo y condensado) de 23 000 a 80 000 barriles diarios para abastecer su demanda interna de combustibles. La brecha obliga a importar gasolina y diésel por un coste cercano a los USD 6 000 millones anuales. La solución pasa por perforar entre 10 y 15 nuevos pozos al año, invertir en exploración y fortalecer la capacidad de procesamiento.
Fecha:Monday 21 Jul de 2025
Gestor:ESCUELA ESGEP
Bolivia requiere producir alrededor de 80 000 barriles diarios de líquidos para normalizar el abastecimiento doméstico de combustibles. Sin embargo, su actual capacidad de procesamiento se limita a unos 23 000 barriles al día, generando un gran desfase operativo. Esta brecha se traduce en compras externas de gasolina y diésel, para las cuales el país desembolsa cerca de USD 6 000 millones al año.
Este desbalance estructural ha marcado la agenda energética nacional, convirtiéndose en una prioridad del gobierno y del sector petrolero. Las decisiones sobre exploración, inversión y perforación están directamente condicionadas por la urgencia de cerrar la brecha. Desde los entornos técnicos hasta los ámbitos políticos, el tema domina el debate electrizante sobre la soberanía energética.
A largo plazo, la intención oficial es transformar el actual escenario de dependencia en uno de autosuficiencia. Para ello, se debe impulsar la producción interna con un plan estratégico que incluya exploración, desarrollo de campos maduros y optimización de la capacidad de refino. Si logra hacerlo, Bolivia podrá revertir años de dependencia externa y mejorar su balanza comercial.
La propuesta central del Gobierno es perforar entre 10 y 15 nuevos pozos de líquidos por año para alcanzar la meta productiva. Esta iniciativa requiere no solo de recursos financieros significativos, sino también de estructura técnica y logística para ejecutar proyectos simultáneos en varias cuencas del país.
Los pozos se planifican tanto en campos ya conocidos, donde la presencia de hidrocarburos está confirmada, como en áreas promisorios en términos geológicos. Cada perforación incluye estudios geológicos, adquisición de información sísmica y estudios previos de impacto ambiental. Esto garantiza que los pozos perforados sean eficientes desde el punto de vista técnico y estratégico.
El objetivo es que la producción de cada pozo aporte entre 2 000 y 3 000 barriles diarios de líquidos, lo que permitiría cubrir la brecha existente si se cumplen los planos de perforación a mediano plazo. El éxito dependerá de la habilidad del Estado y sus socios para sostener este ritmo, tanto en recursos como en resultados operativos.
Aunque Bolivia produce condensado, la capacidad de refinerías nacionales limita la transformación del crudo en combustibles listos para el consumo doméstico. Las plantas actuales operan por debajo de su capacidad máxima y requieren modernización para manejar volúmenes mayores.
El país ha evaluado ampliar los complejos petrolíferos existentes, así como construir nuevas plantas modulares que permitan contar con capacidad adicional rápida. Esto implica inversiones tanto públicas como privadas, además de alianzas estratégicas con empresas del sector energético internacional.
La modernización del refino también se extiende al transporte y almacenamiento. Incrementar la capacidad de logística permitirá distribuir el combustible producido eficientemente a lo largo del territorio nacional —un paso clave para cerrar el círculo productivo que comienza con la producción y termina con el uso final.
Para perforar 10–15 pozos anuales, se requiere inversión sostenida por un valor estimado de cientos de millones de dólares al año. Esto necesita recursos estatales, pero también capital privado y asociación con empresas especializadas, nacionales o extranjeras.
El Estado ha previsto incentivos fiscales y facilidades regulatorias para atraer este capital, incluyendo garantizando estabilidad en el marco normativo y precios atractivos para producción local. El objetivo es generar confianza entre los inversionistas y eliminar barreras que frenen la inversión.
Además, se están explorando esquemas de financiamiento mixtos, en los cuales el sector privado aporte capital a cambio de acuerdos de producción compartida, o donde organismos multilaterales contribuyan con préstamos blandos. La meta es lograr un flujo de inversión sostenible y a largo plazo.
El desarrollo de nuevos pozos no solo tiene consecuencias en el balance energético, sino también en el empleo y las economías locales. Las actividades de exploración y perforación están asociadas con generación de trabajo directo e indirecto en servicios de campo, transporte, alimentación y hospedaje.
Las regiones donde se perfora suelen experimentar un dinamismo económico notorio: la apertura de infraestructura atrae a empresas proveedoras, mejora los ingresos fiscales y crea oportunidades de capacitación y empleo técnicos para la población local.
Además, se promueve que las comunidades cercanas se integren al desarrollo del proyecto, mediante acuerdos de beneficio, capacitaciones y participación en infraestructura social. De este modo, la propuesta busca asegurar un impacto positivo y sostenible en las zonas productoras.
Perforar en varias zonas implica desafíos como la disponibilidad de servicios de campo, logística de equipos, transporte de materiales y mantenimiento de un equipo humano con experiencia. La capacidad operativa del sector público y su coordinación con privados será fundamental.
También existen riesgos geológicos, como la incertidumbre en los niveles de presión y calidad del hidrocarburo, que pueden afectar la rentabilidad de cada pozo. Por ello, los estudios previos de evaluación son una herramienta clave para reducir sorpresas técnicas.
La seguridad y la salud en campo son otra dimensión crítica. Los procesos de perforación pueden generar impactos ambientales o riesgos operativos si no se controlan adecuadamente, por lo que es necesario garantizar estándares robustos de seguridad y monitoreo continuo.
Si bien la prioridad está en recuperar la producción de líquidos, Bolivia también apuesta por aumentar su producción de gas natural. Muchas de las cuencas con potencial para petróleo también contienen gas, que puede valorizarse tanto localmente como mediante exportaciones.
El gas también es esencial para alimentar plantas de gas-oilificación, generar electricidad térmica o ser objeto de procesos industriales. Al integrarlo a la estrategia, se diversifica la matriz energética y se generan economías de escala en logística y refino.
El énfasis en productos líquidos no excluye el desarrollo del gas; al revés, se busca que ambos elementos se potencien mutuamente en un esquema coherente que fortalezca la soberanía energética nacional.
Bolivia importa alrededor de 6 000 millones de dólares anuales en combustibles derivados del petróleo para cubrir su demanda interna. Esta cifra es una salida de divisas que agrava la balanza comercial y genera vulnerabilidad frente a los precios internacionales.
El país no solo paga por el producto, sino también por transporte, seguro, regasificación y refinación en el exterior. Además, estas compras están sujetas a la volatilidad del mercado, lo que complica la planificación presupuestaria y la estabilidad del sistema de precios internamente.
Reducir este peso mediante una estrategia nacional de producción no solo mejora la soberanía energética, sino también fortalece la estabilidad macroeconómica y contribuye a optimizar el uso de recursos públicos para proyectos de inversión social.
La estrategia estatal contempla ajustar el marco normativo para facilitar la exploración y producción. Esto incluye acelerar permisos, clarificar regalías y fomentar asociaciones público-privadas eficientes.
También se busca reforzar la capacidad del ente regulador, mejorar la transparencia en los procesos de adjudicación y establecer indicadores de desempeño claros para evaluar el avance anual en perforación.
El objetivo es crear un entorno predecible y competitivo que permita atraer capital, generar confianza y asegurar que el plan de perforación avance sin fricciones burocráticas o políticas.
El plan tiene como meta inicial cubrir la brecha actual hasta 2028–2030, pero también busca construir una plataforma sostenible para los próximos 20 años. En este periodo, Bolivia aspira no solo a abastecer sus necesidades internas, sino también a abastecer potencialmente mercados regionales.
Esto implicaría diversificar el uso de combustibles, expandir la red de refinación y desarrollar infraestructura de exportación, incluyendo potenciales gasoductos o barcos cisterna para derivados de gas natual y líquidos.
Esta ambición estratégica requiere constancia de gobiernos, recursos, capacidad técnica y un enfoque de Estado a largo plazo, más allá de las gestiones coyunturales.
Bolivia enfrenta un desafío central en su seguridad energética: aumentar la producción de líquidos de petróleo y condensado desde 23 000 hasta 80 000 barriles diarios. Esto implica perforar entre 10 y 15 nuevos pozos al año, invertir en refino, infraestructura y atraer capital.
La dependencia actual de USD 6 000 millones en importaciones anuales no puede sostenerse. La estrategia propuesta impactará en empleo, regiones productoras, geopolítica energético y finanzas públicas, siempre que se aborden los riesgos técnicos y regulatorios.
Si Bolivia logra implementar este plan de forma coordinada y sostenible, podría transformarse de importador neto a potencia regional con capacidad de abastecer y hasta exportar, consolidando un sistema energético sólido y autónomo. El tiempo y la eficiencia operativa marcarán el rumbo de esta meta estratégica.