Bolivia enfrenta una grave crisis de combustibles: YPFB admite que solo tiene tres días de autonomía en gasolina y menos de uno en diésel

La crisis energética en Bolivia alcanzó un punto crítico este octubre, luego de que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reconociera públicamente que las reservas de gasolina solo alcanzan para tres días y las de diésel para menos de 24 horas.
El anuncio, realizado por el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, generó preocupación nacional e internacional, ya que evidencia la fragilidad estructural del sistema de abastecimiento de combustibles en el país.

Una situación límite en el suministro energético

Según el informe presentado por la empresa estatal, la escasez se debe a retrasos en las importaciones de hidrocarburos, dificultades logísticas por falta de divisas y demoras en los pagos a proveedores internacionales.
Dorgathen aseguró que YPFB está “intensificando esfuerzos para normalizar la distribución en todo el país”, con el objetivo de reponer los niveles de inventario a la brevedad.

“Estamos recibiendo nuevos cargamentos en los próximos días y redirigiendo parte de las reservas logísticas desde los puntos fronterizos hacia las ciudades más afectadas”, declaró el ejecutivo, aunque evitó precisar fechas concretas para la normalización total del suministro.

El informe también indica que, durante los primeros quince días de octubre, el consumo nacional de gasolina aumentó un 9 % y el de diésel un 11 %, debido a la alta demanda del transporte público y del sector agrícola, lo que agravó la situación.

Largas filas y restricciones en estaciones de servicio

En ciudades como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, los conductores formaron extensas filas en busca de combustible, mientras varias estaciones de servicio reportaron cierres temporales por falta de producto.
El Gobierno implementó racionamientos preventivos y controles para evitar el acaparamiento, especialmente en las regiones fronterizas, donde existe un mercado ilegal de contrabando hacia países vecinos.

Asimismo, el transporte pesado y el agro boliviano advirtieron que, si la situación no mejora en los próximos días, podrían registrarse pérdidas millonarias y paralización de actividades, afectando directamente el suministro de alimentos y el comercio interno.

Una crisis con raíces estructurales

La crisis de abastecimiento no es un hecho aislado. Analistas del sector energético advierten que refleja problemas estructurales acumulados en YPFB y en el modelo de gestión de hidrocarburos vigente desde hace más de una década.

Entre los factores identificados se encuentran:

• Caída de la producción nacional de gas y líquidos, que obliga al país a importar cada vez más combustibles.

• Falta de inversión en refinerías y almacenamiento, lo que limita la capacidad de respuesta ante interrupciones del suministro.

• Dependencia del subsidio estatal, que distorsiona los precios y desalienta la competencia privada.

• Escasez de divisas, que retrasa pagos y encarece las importaciones de gasolina y diésel.

Según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Bolivia destina más de 1.800 millones de dólares anuales en subsidios a los combustibles, cifra que representa un enorme peso para las finanzas públicas.

Medidas de emergencia del Gobierno

El Ministerio de Hidrocarburos informó que se ha activado un plan de emergencia nacional, que incluye:

• Incrementar temporalmente las importaciones desde Argentina y Perú.

• Acelerar las negociaciones con empresas privadas para el transporte y almacenamiento de combustibles.

• Autorizar vuelos y operaciones logísticas prioritarias para trasladar cargamentos a zonas críticas.

• Fiscalizar la venta y distribución de carburantes para evitar desvíos o especulación.

Además, el Senado aprobó un proyecto de ley temporal que permite a empresas privadas importar combustibles de manera directa, medida inédita en Bolivia que rompe, aunque sea de forma provisional, el monopolio estatal de YPFB en la comercialización.

Impacto económico y social

La crisis energética podría tener efectos inmediatos en la inflación, el transporte público, la producción agrícola y la cadena de suministro industrial.
De prolongarse, podría generar pérdidas superiores a los 250 millones de dólares en el último trimestre del año, según estimaciones de la Cámara Nacional de Industrias.

Por otro lado, la incertidumbre social ha comenzado a manifestarse en protestas y bloqueos de transportistas en algunas regiones, lo que presiona aún más al Gobierno para encontrar una solución sostenible.

Conclusión

El reconocimiento de YPFB sobre la escasez de combustibles marca uno de los momentos más críticos para el sector energético boliviano en los últimos años.
La situación expone la dependencia estructural del país de las importaciones y la necesidad urgente de reformas profundas que fortalezcan la producción interna, modernicen la infraestructura y reduzcan los subsidios ineficientes.

Mientras tanto, la población boliviana enfrenta la incertidumbre diaria de no saber si podrá llenar su tanque de gasolina o diésel, un recordatorio tangible de que la seguridad energética es, más que nunca, una prioridad nacional.