Bolivia abre la puerta a la explotación petrolera en la Amazonía en medio de crisis energética y tensiones sociales

En un giro estratégico que ha encendido el debate nacional e internacional, el gobierno boliviano anunció planes para flexibilizar las normas ambientales y permitir la expansión de actividades petroleras en la región amazónica. Esta decisión se enmarca en un contexto de profunda crisis energética, con una caída acumulada del 45% en la producción de gas natural entre 2014 y 2023, y busca ampliar la frontera de hidrocarburos para garantizar el abastecimiento interno y recuperar ingresos fiscales.

Contexto energético: caída sostenida y urgencia fiscal

Bolivia, históricamente dependiente de sus exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina, ha visto disminuir su capacidad productiva por falta de inversión, agotamiento de campos maduros y retrasos en exploración. La reducción en la producción ha impactado directamente en las finanzas públicas, generando un déficit energético que amenaza la estabilidad económica del país.

Ante este panorama, el gobierno ha optado por una estrategia de expansión territorial, enfocándose en zonas de la Amazonía boliviana que hasta ahora habían sido protegidas por regulaciones ambientales y acuerdos con comunidades indígenas.

La Amazonía como nueva frontera energética

El plan contempla la exploración y posible explotación de hidrocarburos en áreas como el norte de La Paz, Beni y Pando, donde existen indicios geológicos de reservas de gas y petróleo. Para ello, se ha iniciado un proceso de revisión de normativas ambientales, con el objetivo de acelerar licencias y reducir restricciones operativas.

Sin embargo, esta decisión ha generado preocupación entre organizaciones ambientales, académicos y líderes indígenas, quienes advierten sobre el riesgo de deforestación, contaminación de ríos, pérdida de biodiversidad y desplazamiento de comunidades originarias.

Reacciones sociales y políticas

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) emitió un comunicado en el que rechaza cualquier intento de intervención sin consulta previa, libre e informada. “La Amazonía no puede ser sacrificada por una crisis provocada por décadas de mala gestión energética”, señaló su presidente, Wilfredo Chávez.

Por su parte, el Ministerio de Hidrocarburos defendió la medida como una “acción responsable y necesaria” para evitar el colapso energético del país. El ministro, Luis Arce Gómez, afirmó que se respetarán los estándares internacionales de sostenibilidad y que se buscará el diálogo con las comunidades afectadas.

Impacto geopolítico y ambiental

La decisión llega en un momento en que América Latina se encuentra bajo presión internacional para cumplir con compromisos climáticos. Bolivia, que será observador en la próxima COP30 en Brasil, podría enfrentar cuestionamientos por esta política de expansión petrolera en zonas de alta sensibilidad ecológica.

Además, expertos advierten que la explotación en la Amazonía podría generar conflictos transfronterizos, especialmente si se afectan cuencas compartidas con Perú y Brasil.

Proyección y riesgos

Aunque el gobierno boliviano espera que esta estrategia reactive el sector hidrocarburos y atraiga inversión extranjera, los riesgos son elevados:

• Posible pérdida de biodiversidad en una de las regiones más ricas del planeta.

• Conflictos sociales con comunidades indígenas.

• Deterioro de la imagen internacional de Bolivia en materia ambiental.

Con este anuncio, Bolivia se coloca en una encrucijada: resolver su crisis energética a costa de su patrimonio natural, o buscar alternativas más sostenibles que no comprometan el futuro de la Amazonía