Bolivia asegura el suministro energético: YPFB acuerda importación de combustibles por 90 días

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmó un contrato temporal de 90 días para la importación de diésel y gasolina subvencionados, tras varios días de tensiones y bloqueos protagonizados por gremios de transportistas en distintas regiones del país.
La medida, anunciada por el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, permitió levantar las protestas y desbloquear los accesos a las instalaciones de la empresa, normalizando gradualmente el abastecimiento de combustibles en todo el territorio nacional.

Un acuerdo clave para garantizar el abastecimiento energético

El nuevo contrato de importación fue negociado de manera directa con proveedores internacionales, con el objetivo de garantizar la continuidad del suministro interno mientras se revisa la estructura de costos y subsidios del sector hidrocarburífero.
Según explicó Dorgathen, el acuerdo temporal de tres meses permitirá “mantener el flujo constante de combustibles en el mercado interno y dar tranquilidad a la población y al transporte público”, en un contexto de presiones sociales por el incremento de costos logísticos internacionales.

“Nuestro compromiso es asegurar el abastecimiento. Hemos firmado un contrato de emergencia que garantiza la llegada de diésel y gasolina al país, sin afectar los precios para los consumidores”, precisó el presidente de YPFB.

El convenio tiene vigencia inmediata y contempla la importación de 1,2 millones de barriles de combustibles líquidos en los próximos 90 días, que serán distribuidos a través de los principales centros de acopio de Santa Cruz, Cochabamba, El Alto y Tarija.

Los bloqueos y la demanda de los transportistas

Los bloqueos iniciaron el 30 de septiembre, impulsados por sindicatos de transportistas que exigían una adenda contractual con YPFB para mejorar las condiciones logísticas y garantizar un flujo estable de importaciones de combustibles.
Las manifestaciones afectaron temporalmente el transporte interdepartamental y el acceso a las plantas de almacenaje, generando preocupación por posibles desabastecimientos de diésel y gasolina en varios departamentos.

Durante tres días, decenas de cisternas quedaron paralizadas en las carreteras que conectan Santa Cruz, La Paz y Oruro, mientras representantes del sector advertían que continuarían las medidas hasta que el gobierno presentara una solución concreta.

“No buscamos perjudicar al pueblo, pero exigimos estabilidad y cumplimiento en los contratos de importación. El acuerdo alcanzado con YPFB nos devuelve la confianza”, declaró Rodolfo Choque, dirigente del transporte pesado nacional, tras confirmarse el levantamiento de los bloqueos.

La negociación y el rol del Gobierno

La negociación se llevó a cabo en coordinación con el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, que actuó como mediador entre YPFB y los gremios de transportistas.
El ministro Franklin Molina Ortiz informó que el contrato temporal servirá como base para una evaluación técnica y económica integral del sistema de importación de combustibles y de los mecanismos de subsidio aplicados por el Estado.

“El acuerdo de 90 días nos da margen para revisar los costos de importación, actualizar la logística de distribución y fortalecer las reservas estratégicas. Lo importante es que el país tiene garantizado el abastecimiento”, afirmó Molina.

El Gobierno confirmó además que no se realizará ningún incremento en el precio de los combustibles para el consumidor final, reafirmando su compromiso con la estabilidad económica y social del país.

El desafío del subsidio y las importaciones

Bolivia importa más del 60 % del diésel y cerca del 45 % de la gasolina que consume, debido a la limitada capacidad de refinación nacional.
El costo de los subsidios a los combustibles representa actualmente más de USD 1.800 millones anuales para el Estado, lo que ha generado tensiones fiscales y debates sobre la sostenibilidad del modelo energético.

Expertos del sector señalan que este nuevo contrato temporal responde a la necesidad urgente de asegurar inventarios suficientes en medio de un mercado internacional volátil y de una creciente demanda interna.
Asimismo, destacan la importancia de diversificar proveedores y modernizar las refinerías nacionales para reducir la dependencia de las importaciones.

“Esta medida es un alivio inmediato, pero también una señal de alerta: Bolivia necesita una política energética más sólida, con mayor inversión en refinación y almacenamiento”, opinó el analista energético Carlos Arze Vargas.

Normalización del suministro y perspectivas

Tras la firma del contrato, YPFB informó que los convoyes de cisternas comenzaron a reanudarse progresivamente hacia las plantas de distribución, garantizando el suministro regular de combustibles a estaciones de servicio.
En ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, las filas en gasolineras comenzaron a disminuir y el transporte urbano retomó la normalidad.

El presidente de la estatal aseguró que se mantiene una coordinación permanente con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para resguardar el transporte y distribución de combustibles durante el periodo de vigencia del contrato.

“Estamos trabajando para evitar que se repitan episodios de bloqueo que perjudiquen al país. La prioridad es el bienestar de la población y la estabilidad del mercado energético”, señaló Dorgathen.

Mirada a largo plazo: transición y autosuficiencia energética

El acuerdo de 90 días se enmarca en un contexto más amplio: la necesidad de que Bolivia fortalezca su autosuficiencia energética.
El Ministerio de Hidrocarburos adelantó que se prepara un plan nacional de optimización de refinerías y ampliación de reservas, que incluirá inversiones en infraestructura y exploración de nuevos campos de gas y petróleo.

Además, YPFB estudia alianzas estratégicas con empresas de Brasil y Argentina para impulsar proyectos de biocombustibles y combustibles verdes, como parte de su transición hacia una matriz energética más sostenible.

“Este contrato es una solución temporal, pero también una oportunidad para repensar nuestro futuro energético”, concluyó Molina.