Asamblea Nacional del Ecuador aprueba Ley para fortalecer la minería y el sector energético

La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el pasado 26 de febrero de 2026 la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, una normativa impulsada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa que busca reorganizar, regular y potenciar dos de los sectores considerados clave para el desarrollo económico del país. La decisión legislativa se adoptó con 77 votos a favor, tras un intenso debate político, social y ambiental que evidenció posiciones divididas dentro y fuera del Parlamento.

Una ley considerada estratégica para la economía nacional

El proyecto fue enviado por el Ejecutivo con carácter económico urgente, lo que obligó a la Asamblea a tratarlo en un plazo reducido. Según el Gobierno y los legisladores que respaldaron la iniciativa, la nueva normativa pretende fortalecer el desempeño operativo de los sectores minero y energético mediante reglas más claras, mayor control estatal y condiciones que permitan atraer inversión nacional y extranjera.

Entre los principales objetivos de la ley destacan:

• Incrementar los ingresos fiscales y la generación de divisas.

• Combatir la minería ilegal que afecta al ambiente y a la economía.

• Mejorar la seguridad jurídica para inversiones responsables.

• Garantizar estabilidad macroeconómica y sostenibilidad fiscal.

• Fortalecer el suministro energético del país.

Las autoridades sostienen que la minería y la energía representan pilares fundamentales para la generación de empleo, el desarrollo territorial y el financiamiento de servicios públicos.

Cambios clave en el sector minero

En el ámbito minero, la ley introduce reformas a varios artículos vigentes con el propósito de modernizar la gestión estatal y ordenar la actividad extractiva. Entre los principales cambios se encuentran:

• Refuerzo de la rectoría del Estado sobre los recursos naturales.

• Actualización del régimen de patentes y concesiones.

• Regulación de etapas de exploración y explotación minera.

• Promoción de inversión bajo normas transparentes.

• Formalización de la pequeña minería y minería artesanal.

• Fortalecimiento de controles ambientales y del sistema de regalías.

Además, la normativa establece mecanismos para distribuir parte de los ingresos generados hacia los gobiernos autónomos descentralizados, con el fin de impulsar obras y desarrollo local en zonas donde se ejecutan proyectos extractivos.

Impulso al sector energético

La ley también introduce modificaciones en el sistema energético ecuatoriano. Estas reformas buscan garantizar la continuidad del servicio eléctrico mediante la diversificación de fuentes de generación, el desarrollo de nueva infraestructura y una mayor eficiencia del sistema nacional.

El Ejecutivo considera que estas medidas permitirán prevenir futuras crisis energéticas y asegurar el funcionamiento de la industria, el comercio y los servicios básicos para la población.

El artículo 29 fue excluido del proyecto

Uno de los momentos más relevantes del debate legislativo fue la votación del artículo 29, el cual finalmente fue eliminado tras recibir un amplio rechazo parlamentario.

La exclusión se produjo luego de que varios legisladores advirtieran posibles afectaciones en la distribución de recursos energéticos destinados principalmente a regiones amazónicas, lo que generó consenso para retirarlo del texto final.

Reacciones y críticas de organizaciones sociales

A pesar de su aprobación, la ley ha generado fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones indígenas y sectores políticos de oposición.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) manifestó su rechazo al considerar que la normativa prioriza la expansión de inversiones extractivas sin garantizar plenamente el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades. Asimismo, expresó preocupación por posibles impactos ambientales y riesgos sobre fuentes hídricas.

Desde sectores críticos también se señaló que algunos procedimientos ambientales podrían simplificarse, lo que —según sus detractores— beneficiaría a grandes empresas mineras.

Un debate que continuará en el país

La aprobación de esta ley marca un nuevo capítulo en la política extractiva ecuatoriana, en un contexto donde la minería se ha convertido en un tema altamente sensible debido a conflictos sociales, consultas populares antiminera y protestas registradas en años recientes.

Mientras el Gobierno defiende la normativa como una herramienta para combatir la minería ilegal y dinamizar la economía nacional, organizaciones sociales advierten que su verdadera eficacia dependerá de la aplicación práctica, el respeto ambiental y la participación ciudadana.

En los próximos meses, la implementación de la ley y sus reglamentos será determinante para evaluar si el equilibrio entre desarrollo económico, protección ambiental y derechos comunitarios logra consolidarse en uno de los sectores más estratégicos del Ecuador.