El Gobierno de Bolivia emitió el Decreto Supremo 5652, que congela los precios de los combustibles por un período de seis meses, hasta enero de 2027, con el objetivo de blindar al mercado interno de las fluctuaciones del tipo de cambio del dólar en un contexto de aguda crisis de abastecimiento y cuestionamientos a la calidad de la gasolina distribuida en el país.
Alcance del decreto y precios vigentes
La medida cubre el diésel, la gasolina, el gas natural vehicular (GNV), el gas licuado de petróleo (GLP) y las gasolinas de aviación. Transcurrido el período de congelamiento, las tarifas se calcularán con base en el precio internacional del petróleo y el tipo de cambio del dólar. Los precios actualmente vigentes —6,96 bolivianos por litro de gasolina y 9,80 bolivianos para el diésel— fueron establecidos en diciembre pasado tras la eliminación de un subsidio que mantuvo valores fijos y por debajo del mercado internacional durante dos décadas, lo que implicó incrementos del 86 % y del 162 %, respectivamente.
Recursos asignados a YPFB para cubrir el diferencial
El decreto autoriza al Ministerio de Economía a transferir hasta 1.000 millones de bolivianos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para financiar la diferencia entre los precios congelados y los costos reales de importación, que se han encarecido por la reciente adopción del tipo de cambio flexible, el cual generó una depreciación inicial del 40 % de la moneda nacional frente al dólar. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, reconoció en conferencia de prensa que resulta imposible precisar el monto total que demandará cubrir ese diferencial, dada la volatilidad simultánea del tipo de cambio y del precio internacional del crudo.
«La pertinencia del decreto es muy loable porque, en el fondo, evita que cualquier impacto en la modificación de la fluctuación del dólar con la moneda nacional tenga un efecto en el precio de estos productos», afirmó Gálvez.
Crisis de abastecimiento y problemas de calidad
El congelamiento se produce mientras Bolivia atraviesa una prolongada crisis de suministro de carburantes. La administración del presidente Rodrigo Paz atribuye las interrupciones a la implementación de nuevos protocolos de control de calidad, al contrabando fronterizo y a los bloqueos de caminos que paralizaron gran parte del territorio nacional durante siete semanas entre mayo y junio. A esto se suma que el país importa prácticamente la totalidad del diésel que consume y más del 50 % de la gasolina requerida para el mercado interno, una dependencia que se ha vuelto más costosa ante la escasez de divisas derivada del deterioro de la industria hidrocarburífera nacional.
La situación se agravó a comienzos de 2026, cuando miles de vehículos reportaron daños mecánicos vinculados a la distribución de gasolina de baja calidad. El Gobierno admitió haber comercializado combustible «desestabilizado» y dispuso la creación de un seguro de resarcimiento para los afectados, además de la incorporación de aditivos y el refuerzo de los controles en toda la cadena de distribución.
Próximos pasos
Según YPFB, las demoras en los despachos de combustible por los controles de calidad se extenderían al menos hasta finales de julio. Al cabo de los seis meses de vigencia del decreto, el Gobierno deberá calcular las tarifas con base en las variables internacionales, lo que abre un período de incertidumbre sobre el nivel de precios que enfrentarán los consumidores bolivianos a partir de enero de 2027.
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