Las movilizaciones se intensificaron durante el fin de semana del 17 de octubre y continuaron este lunes 19, cuando grupos de ciudadanos colocaron garrafas vacías sobre las calles para exigir el restablecimiento de la distribución.
La situación afecta principalmente a sectores donde los camiones repartidores no llegan con regularidad, obligando a las familias a buscar el combustible en establecimientos y puntos de reventa que, según las denuncias, aplican precios considerablemente superiores a la tarifa autorizada.
El problema se produce pese a las medidas gubernamentales destinadas a contener los costos del GLP y garantizar su comercialización en el mercado interno.
Bloqueos y sobreprecios generan preocupación entre los consumidores
Las protestas se concentraron en Villa Fátima, en La Paz, y en la avenida Juan Pablo II de El Alto, especialmente en las inmediaciones de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).
En estos sectores, los manifestantes interrumpieron la circulación vehicular y exigieron la llegada de camiones distribuidores para acceder al combustible doméstico.
Según los reportes vecinales, algunas garrafas se comercializan por encima de Bs 40, frente al precio regulado de Bs 22,50. Esto representa un incremento superior al 77 % respecto de la tarifa oficial.
La diferencia afecta directamente al presupuesto familiar, especialmente en hogares que utilizan GLP para cocinar y que dependen de la distribución periódica del combustible.
Las dificultades también alcanzan a actividades económicas como la panificación. Representantes del sector denunciaron cobros irregulares y problemas de suministro que obligan a determinados establecimientos a recurrir a proveedores alternativos para mantener sus operaciones.
Gobierno mantiene el precio del GLP mediante compensaciones económicas
El Gobierno boliviano aprobó el Decreto Supremo 5746, fechado el 13 de octubre de 2026, con el propósito de evitar que el incremento de los costos logísticos se traslade al precio final del combustible.
La normativa establece mecanismos para actualizar los márgenes de comercialización mayorista y minorista según las variaciones del precio regulado del diésel.
Las diferencias resultantes serán compensadas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) mediante Notas de Crédito Fiscal.
El objetivo es mantener el precio de la garrafa de 10 kilogramos en Bs 22,50, incluso cuando aumenten los costos de transporte y distribución.
La disposición contempla un margen mayorista de Bs 0,75 por kilogramo y uno minorista de Bs 0,90, sujetos a los mecanismos de actualización previstos por la regulación.
Sin embargo, la estabilidad del precio oficial no ha impedido que persistan dificultades para adquirir el producto en determinados barrios.
YPFB intensifica controles contra la reventa y el acopio irregular
Ante las denuncias, YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Policía Boliviana reforzaron las acciones de fiscalización.
Durante un operativo realizado el 16 de octubre cerca de la Terminal Interprovincial de El Alto, las autoridades decomisaron aproximadamente 300 garrafas de GLP y 250 litros de combustibles líquidos vinculados con actividades de comercialización irregular.
El presidente ejecutivo de YPFB, Sebastián Daroca, advirtió que la empresa continuará desarrollando controles para evitar el desvío de combustibles destinados al consumo nacional.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, solicitó a la ANH fortalecer la supervisión de las empresas distribuidoras y atender las denuncias de cobros indebidos.
Una inspección efectuada el 12 de octubre en la planta de Senkata permitió conocer que la instalación reportaba un envasado de entre 50.000 y 60.000 garrafas diarias. No obstante, las autoridades todavía debían esclarecer las dificultades que impedían una distribución regular hacia determinados sectores urbanos.
Las dificultades también están relacionadas con el aumento de los costos de transporte, que motivó negociaciones entre YPFB y los operadores logísticos durante octubre.
La situación evidencia que mantener un precio regulado no garantiza, por sí solo, el acceso oportuno al combustible. La normalización del abastecimiento dependerá de la continuidad de las operaciones de transporte, la supervisión de los distribuidores y la efectividad de los controles contra la reventa irregular. Mientras tanto, las familias de La Paz y El Alto continúan reclamando una distribución estable de GLP al precio establecido por las autoridadesV
