El Gobierno de Bolivia anunció este miércoles el inicio de un proceso de reestructuración definitiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y otras entidades del sector, luego de confirmar la existencia de redes internas de corrupción vinculadas al desvío y contrabando de combustibles, prácticas que las autoridades identifican como la causa directa de la escasez y las largas filas en las estaciones de servicio del país.
Mandato presidencial y alcance de la intervención
La medida fue oficializada por el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, quien precisó que actúa por instrucción directa del presidente Rodrigo Paz Pereira. La determinación se adoptó tras la recepción de múltiples denuncias ciudadanas y los resultados de un operativo de control conjunto ejecutado semanas atrás por las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.
Según Blanco, la intervención se desplegará de forma escalonada: YPFB es la primera entidad intervenida, seguida por la ANH y posteriormente otras empresas del sector hidrocarburífero. La autoridad subrayó que estas prácticas irregulares se habrían prolongado durante más de dos décadas.
«Estos actos de corrupción que han sido llevados adelante durante más de 20 años no los vamos a tolerar. Vamos a erradicar este mal enquistado», declaró el ministro Blanco en conferencia de prensa.
Funcionarios internos, señalados por el contrabando de carburantes
El titular de Hidrocarburos estableció un vínculo directo entre la actuación de funcionarios de la propia compañía estatal y la escasez de combustible registrada en distintos puntos del territorio boliviano. De acuerdo con la autoridad, empleados de YPFB habrían facilitado la salida ilegal de carburantes hacia países vecinos, privando al mercado interno del abastecimiento necesario.
«La gente está desviando el combustible, vendiéndolo en otros países y contrabandeándolo. Quienes hacen eso están aquí adentro y tendrán que ir presos», afirmó Blanco.
Contratación internacional y sanciones penales
Para instrumentar el plan de reestructuración, el Ministerio de Hidrocarburos confirmó que ya se encuentra en marcha la licitación para contratar firmas internacionales especializadas en intervención de empresas del sector energético. En paralelo, se conformará un equipo técnico de profesionales que operará bajo la conducción de la presidencia de YPFB.
En el plano legal, la cartera de Hidrocarburos anunció sanciones administrativas inmediatas y la presentación de querellas penales ante la Fiscalía contra todos los funcionarios que resulten implicados en cobros indebidos o apropiación de recursos del Estado.
«Caiga quien caiga, tendrá que pagar por sus delitos. No habrá ni demoras ni excusas», concluyó el ministro.
Contexto: crisis de abastecimiento en Bolivia
Bolivia atraviesa desde hace meses una situación crítica en el suministro de combustibles, con filas prolongadas en surtidores de las principales ciudades del país. Si bien el Gobierno había atribuido parte del problema a restricciones en la producción y la importación, esta es la primera vez que una autoridad de rango ministerial señala explícitamente la corrupción interna en YPFB como factor determinante de la crisis. Como siguiente paso, las autoridades prevén extender las auditorías y los cambios organizacionales al resto de las entidades del sector hidrocarburífero en los próximos días.
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