Bolivia atraviesa una crisis energética de magnitud histórica: las reservas de gas natural se situaron en apenas 2,3 TCF (trillones de pies cúbicos) al cierre de 2025, frente a los 12 TCF disponibles a comienzos del siglo, mientras la producción diaria se redujo de 61 MMMCD en 2015 a 24 MMMCD en 2025, según datos del sector.
Colapso de la producción y agotamiento de reservas
El desplome productivo de las últimas dos décadas dejó a Bolivia sin capacidad de autoabastecimiento de GLP. En 2026, la oferta interna de este combustible ya no cubre la demanda nacional, lo que obliga al país a iniciar importaciones de un producto que históricamente exportó en volúmenes significativos. Las proyecciones disponibles indican que, de no mediar cambios estructurales en la política de inversiones, Bolivia deberá importar gas natural a partir de 2029 y el costo anual de importación de energía podría alcanzar los 5.500 millones de dólares hacia 2035.
Las reservas de líquidos —petróleo y condensado— se estiman en 8 millones de barriles (MMBBLS) al cierre de 2025, cifra drásticamente inferior a los 360 MMBBLS registrados en el período previo al modelo estatista que predominó en el país durante los últimos veinte años.
Ingresos históricos sin reposición de reservas
Entre 2005 y 2025, Bolivia percibió aproximadamente 65.000 millones de dólares en exportaciones de gas natural, GLP y crudo reconstituido. Sin embargo, esos recursos no se destinaron a exploración ni a la reposición de reservas, lo que analistas del sector identifican como la causa estructural del actual déficit energético.
La estatal YPFB acumuló durante ese período una serie de inversiones en plantas e infraestructura cuestionadas por su viabilidad técnica y económica, sin estudios de factibilidad adecuados y con problemas de abastecimiento de materia prima, según fuentes del sector citadas en medios bolivianos especializados.
El nuevo gobierno hereda un sistema energético deteriorado
El presidente Rodrigo Paz asumió el poder con un sector energético en situación crítica. Su gestión enfrenta el desafío de atraer inversión privada en exploración y producción de hidrocarburos mediante reformas al marco legal vigente, en un contexto de fuerte resistencia política y social a cualquier modificación de las normas que rigen los recursos naturales.
La deuda pública interna y externa del país creció de 7.000 millones de dólares en 2005 a 46.000 millones en 2025, lo que restringe la capacidad fiscal del Estado para financiar subsidios energéticos y operaciones de importación de combustibles.
Subsidios y abastecimiento, los frentes inmediatos
La continuidad de los subsidios a los combustibles y el abastecimiento regular de hidrocarburos constituyen las dos presiones más inmediatas sobre la administración Paz. El gobierno debe garantizar el suministro de GLP y combustibles líquidos en un contexto de reservas mínimas, escasez de divisas y limitado acceso a financiamiento externo.
Desde el sector energético se señala que, sin modificaciones al régimen de inversiones en hidrocarburos, la situación de abastecimiento continuará deteriorándose durante los próximos años. Las autoridades no han anunciado aún una hoja de ruta concreta para la atracción de capital privado al upstream boliviano.
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