Brasil investiga fallos de Enel tras apagones que dejaron a millones sin luz en São Paulo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ordenado una investigación federal sobre los fallos en el suministro eléctrico prestado por la empresa concesionaria Enel Brasil, tras una serie de apagones que afectaron gravemente a la población del área metropolitana de São Paulo a principios de diciembre de 2025. La decisión busca esclarecer responsabilidades y garantizar un servicio adecuado, continuo y eficiente de energía eléctrica a los ciudadanos. La orden presidencial, publicada en el Diario Oficial de la Unión, instruye al Ministerio de Minas y Energía, a la Procuraduría General de la República, a la Contraloría General de la Unión y a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) a iniciar un informe detallado sobre los fallos registrados en el servicio de distribución de energía eléctrica que dejó sin luz a más de 2,2 millones de usuarios en la región.

Apagón masivo y respuesta del gobierno

El apagón de diciembre estuvo provocado por un fuerte temporal con vientos superiores a 90 km/h, que dañó la infraestructura eléctrica en gran parte de la metrópolis de São Paulo, provocando interrupciones prolongadas del suministro por varios días en algunas zonas antes de que se restableciera el servicio. Este evento desencadenó fuertes críticas a la concesionaria y a las autoridades encargadas de supervisar el sistema eléctrico.

Según lo dispuesto por Lula da Silva, la Procuraduría General de la República deberá elaborar un informe minucioso sobre las acciones adoptadas por Enel Brasil desde la primera interrupción significativa del servicio, así como utilizar todas las herramientas judiciales y administrativas necesarias para esclarecer posibles responsabilidades.

La Contraloría General de la Unión, por su parte, tiene la misión de evaluar si otros organismos incluida ANEEL incurrieron en omisiones o retrasos al actuar ante los reiterados fallos del servicio y ante las solicitudes de investigación previas.

Repercusiones y acciones regulatorias

El Ministerio de Minas y Energía junto con el alcalde de São Paulo y otras autoridades locales habían planteado incluso la posibilidad de solicitar la caducidad del contrato de concesión de Enel Brasil por la reiteración de fallos en el suministro y la percepción de que la empresa no estaba cumpliendo con sus obligaciones de servicio de manera adecuada.

Episodios similares de cortes de luz en la región han ocurrido en años recientes, y en parte de estos casos Enel Brasil ha atribuido retrasos y deficiencias a factores como el despido de parte de su plantilla de trabajadores y la intensidad de fenómenos meteorológicos extremos que dañaron la red de distribución.

Importancia de garantizar el suministro

El acceso confiable a la energía eléctrica es vital para la vida cotidiana desde servicios básicos hasta actividades económicas y la seguridad de millones de habitantes de una de las metrópolis más grandes de Sudamérica. Ante ello, el Gobierno brasileño ha tomado un rol activo en supervisar y exigir respuestas detalladas tanto de la concesionaria como de los entes reguladores.

La investigación que ha sido ordenada incluye no solo el análisis de las causas técnicas del apagón, sino también la revisión de las medidas adoptadas para garantizar la continuidad del servicio en situaciones de emergencia y la evaluación de posibles sanciones o ajustes contractuales para evitar que eventos similares se repitan con la misma magnitud.

¿Qué sigue?

A medida que los organismos federales recopilan información y elaboran sus informes, algunas posibles líneas de acción incluyen la imposición de multas, requerimientos de inversión en mantenimiento y resiliencia de la red, e incluso el inicio formal de procesos para la revocación de la concesión si se determina que Enel Brasil no ha cumplido con los estándares mínimos exigidos por la regulación eléctrica del país.

El avance de esta investigación será clave no solo para responsabilizar a los actores involucrados, sino también para restaurar la confianza de la ciudadanía en el suministro eléctrico y reforzar la infraestructura energética ante eventos climáticos extremos o fallas operativas futuras.