El Gobierno de Brasil anunció una ambiciosa reforma que abrirá completamente el mercado eléctrico para todos los consumidores en 2028. La propuesta también elimina gradualmente los beneficios fiscales para energías renovables, argumentando que ya son competitivas. El cambio busca fomentar la libre competencia, mejorar la eficiencia y atraer inversiones. Sin embargo, genera preocupación por su posible impacto en proyectos renovables y consumidores vulnerables.
Fecha:Wednesday 28 May de 2025
Gestor:ESCUELA ESGEP
La ambiciosa reforma busca dinamizar el sector energético, impulsar la competencia y revisar los subsidios históricos a fuentes limpias
Brasilia, 28 de mayo de 2025 — El Gobierno de Brasil ha presentado un proyecto de reforma energética que sacude los cimientos del modelo vigente: la apertura completa del mercado eléctrico para todos los consumidores a partir de 2028 y la eliminación progresiva de los beneficios fiscales que por décadas han impulsado las energías renovables en el país. La medida ha sido anunciada por el Ministerio de Minas y Energía (MME), que plantea este giro como un paso fundamental para modernizar el sistema, reducir distorsiones tarifarias y atraer inversiones con reglas claras y competitivas.
Actualmente, Brasil cuenta con un sistema eléctrico dual. Por un lado está el mercado regulado, donde los consumidores —principalmente residenciales y pequeños comercios— compran energía a precios fijados por contratos a largo plazo entre distribuidoras y generadores, supervisados por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL). Por otro lado, el mercado libre, reservado hasta ahora para grandes consumidores, permite la compra directa de energía negociada entre partes.
La propuesta del Gobierno establece que, a partir de marzo de 2028, todos los consumidores brasileños podrán elegir libremente a su proveedor de energía, sin importar el tamaño de su consumo. Esto significa que más de 87 millones de consumidores residenciales y comerciales, actualmente cautivos del mercado regulado, podrán migrar a esquemas competitivos, comparando precios, origen de la energía, calidad del servicio y condiciones contractuales.
Este cambio promete dinamizar el sector, impulsar la eficiencia operativa y permitir una mayor participación de nuevos actores, incluyendo cooperativas energéticas, comercializadoras y empresas de tecnología. También podría incentivar la autogeneración y el consumo consciente.
Desde mediados de los años 90, Brasil ha impulsado el desarrollo de fuentes renovables —como la solar, la eólica, la biomasa y las pequeñas centrales hidroeléctricas— mediante una serie de incentivos fiscales. El más relevante ha sido el descuento del 50% en el pago por el uso de las redes de transmisión y distribución, lo que ha permitido viabilizar cientos de proyectos y consolidar a Brasil como uno de los líderes regionales en energías limpias.
La nueva reforma propone poner fin a estos beneficios de forma gradual. Según el borrador de la ley, los descuentos solo se mantendrán para los contratos vigentes hasta su fecha de expiración. A partir de la publicación de la ley, no se permitirán renovaciones, extensiones o nuevas adhesiones que conserven ese tratamiento preferencial.
El argumento del gobierno es que los subsidios, aunque fueron cruciales en una fase inicial, hoy generan distorsiones de precios, trasladan costos a los consumidores regulados y dificultan la planificación financiera del sistema. Además, con las renovables ya consolidadas y competitivas, los incentivos dejarían de ser necesarios.
La iniciativa ha desatado reacciones encontradas entre los distintos actores del sector energético. Las asociaciones empresariales, como la Asociación Brasileña de Comercializadores de Energía (ABRACEEL), han elogiado la medida por abrir el camino a un mercado más eficiente, innovador y menos burocrático.
Sin embargo, organizaciones como ABSOLAR (Asociación Brasileña de Energía Solar Fotovoltaica) y ABEEólica (Asociación Brasileña de Energía Eólica) advierten que el retiro de incentivos podría frenar nuevos proyectos, en especial en regiones con menor infraestructura o condiciones de financiamiento desfavorables. “No se trata solo de competitividad, sino de justicia energética y transición sostenible”, afirmó Rodrigo Sauaia, presidente de ABSOLAR.
Expertos en políticas públicas han advertido que, sin una planificación adecuada, la reforma puede traducirse en aumentos de tarifas a corto plazo y una ralentización de la expansión renovable, justo en un momento en que Brasil enfrenta desafíos de cambio climático, escasez hídrica y presión internacional por descarbonizar su matriz energética.
Uno de los puntos más sensibles de la propuesta es el impacto sobre los consumidores de bajos ingresos. Para mitigar riesgos sociales, el proyecto prevé la expansión de la tarifa social de energía, que actualmente ofrece descuentos progresivos a familias registradas en programas sociales.
Con la nueva reforma, más de 16 millones de hogares podrían quedar exentos del pago de electricidad hasta un consumo de 80 kWh mensuales. Además, otros 20 millones de consumidores recibirán descuentos parciales, financiados mediante fondos públicos y mecanismos de compensación definidos por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica.
No obstante, las dudas persisten sobre la sostenibilidad de este esquema de subsidio cruzado en un mercado plenamente liberalizado.
La transformación del mercado eléctrico brasileño no será inmediata ni exenta de desafíos. Entre los principales aspectos que deberán resolverse están:
La definición del "suministrador de última instancia", que deberá atender a consumidores que no hayan contratado energía en el mercado libre.
La creación de una plataforma nacional de comparación de ofertas, que garantice transparencia, competitividad y protección al consumidor.
La actualización de las reglas del Operador Nacional del Sistema (ONS) para gestionar flujos más descentralizados, con múltiples agentes.
La regulación del acceso a la red para pequeños generadores y autoconsumo.
El monitoreo y control de abusos de posición dominante o prácticas comerciales engañosas.
El gobierno ha establecido un plazo de 36 meses para desarrollar e implementar estos mecanismos antes de la apertura definitiva en 2028.
Brasil representa más del 40% del consumo eléctrico en América Latina y actúa como un referente técnico y político en temas energéticos. Su decisión de abrir completamente el mercado y revisar los incentivos a renovables puede generar un “efecto espejo” en otros países que buscan modernizar sus sistemas sin renunciar a sus compromisos ambientales.
Países como Colombia, Chile, Perú y México seguirán de cerca el proceso brasileño para evaluar los resultados en términos de inversión, seguridad energética, precios y equidad social.
La apertura total del mercado eléctrico brasileño y el retiro progresivo de subsidios a las renovables configuran una reforma histórica que promete transformar profundamente la estructura del sector energético más grande de América Latina.
El éxito de esta iniciativa dependerá no solo de su diseño técnico, sino también de la voluntad política, la transparencia regulatoria y la capacidad para proteger a los más vulnerables sin frenar la transición hacia una matriz más limpia y diversificada.
El reloj ya está corriendo: en menos de tres años, Brasil podría pasar de un sistema altamente regulado a uno de los mercados energéticos más libres y complejos del mundo. ¿Será esta la fórmula del futuro energético latinoamericano? Solo el tiempo lo dirá.