Durante el periodo comprendido entre 2013 y 2018, México vivió uno de los cambios estructurales más importantes en su historia energética reciente. La aprobación de la reforma energética abrió las puertas a la inversión extranjera directa en sectores previamente reservados al Estado, particularmente en petróleo y gas. Esta transformación legal y económica generó una verdadera ola de inversiones que atrajo a las principales compañías de servicios petroleros del mundo, como Halliburton, Schlumberger, Weatherford, entre otras.
Este artículo explora el impacto de aquella apertura, las oportunidades que generó, los desafíos que enfrentaron las empresas extranjeras y el legado que dejó en la industria petrolera mexicana.
Hasta el 2013, la Constitución mexicana establecía que los recursos del subsuelo, incluidos el petróleo y el gas, eran exclusivos del Estado. Pemex, la empresa estatal, tenía el monopolio absoluto en exploración, extracción, refinación y comercialización de hidrocarburos. Sin embargo, esta estructura comenzó a mostrar signos de agotamiento: la producción cayó sostenidamente desde 2004, los campos maduros se volvían cada vez menos rentables y el acceso a nuevas tecnologías se encontraba limitado.
Ante este panorama, el gobierno impulsó una reforma constitucional que permitiera la participación de empresas privadas nacionales e internacionales en la industria energética. Así nació la reforma energética de 2013, que marcó un punto de inflexión en la historia económica y política del país.
Con la apertura legal establecida, México organizó una serie de rondas de licitación entre 2015 y 2018, en las que se ofrecieron bloques de exploración y producción en tierra y en aguas profundas. Estas rondas fueron bien recibidas por el mercado global. Firmas de talla mundial como ExxonMobil, Chevron, Total, BP, Shell, y las principales empresas de servicios petroleros como Halliburton, Schlumberger y Weatherford, ingresaron al país con entusiasmo.
Los contratos firmados permitieron explorar y operar en nuevas regiones, muchas de ellas con alto potencial, pero técnicamente complejas, como el Golfo de México profundo, la Cuenca de Burgos o los campos de shale gas en Tamaulipas.
Estas tres compañías representaron una parte clave del impulso tecnológico que México necesitaba para elevar su competitividad energética.
Halliburton aportó soluciones avanzadas en perforación direccional, cementación, fracturamiento hidráulico y recuperación secundaria, sobre todo en campos maduros.
Schlumberger, por su parte, destacó por su enfoque en digitalización, integración de datos en tiempo real y análisis geológico, elementos cruciales para optimizar operaciones offshore.
Weatherford se centró en tecnologías de terminación de pozos, servicios de wireline y soluciones integradas para pozos con producción marginal.
El establecimiento de bases operativas, talleres, centros de ingeniería y entrenamiento técnico generó empleo calificado y fortaleció el ecosistema de proveedores nacionales.
Gracias a esta apertura, México logró:
Elevar la inversión extranjera directa en el sector energético a niveles récord (más de 200 mil millones de pesos estimados en compromisos contractuales entre 2015 y 2018).
Diversificar su matriz de producción de hidrocarburos, reduciendo la dependencia de campos históricos como Cantarell.
Iniciar procesos de transferencia tecnológica y formación de talento mexicano en técnicas de exploración avanzada, fractura hidráulica y modelado geológico.
También se consolidaron alianzas estratégicas entre universidades mexicanas, centros de investigación y las compañías extranjeras, lo cual sentó bases para una profesionalización del sector energético nacional.
No todo fue sencillo. Algunas de las principales dificultades que enfrentaron estas empresas incluyeron:
Lentitud burocrática en los procesos regulatorios por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Cambios en la política energética a partir de 2018, cuando el nuevo gobierno federal suspendió nuevas rondas de licitación, generando incertidumbre.
Resistencia social y política en algunas regiones, con comunidades que cuestionaban la llegada de capitales extranjeros al sector energético.
Aunque el contexto político cambió a partir del nuevo sexenio, muchas de las huellas del impulso 2013–2018 siguen presentes:
Las infraestructuras construidas siguen activas.
Los contratos firmados continúan vigentes, aunque algunos han sido renegociados.
El capital humano formado durante esa etapa sigue siendo parte esencial de las cadenas de valor del sector energético mexicano.
Compañías como Halliburton aún operan en algunas regiones, aunque con menor escala. El talento y el conocimiento técnico generado durante esos años han alimentado nuevos emprendimientos, servicios especializados y consultorías que hoy dan soporte a Pemex y otros operadores.
La ola de inversiones generada por la reforma energética fue una de las más importantes en la historia contemporánea de México. Aunque su continuidad ha sido limitada, su impacto es incuestionable.
El reto ahora es replantear un modelo de desarrollo energético que combine soberanía, inversión estratégica y sostenibilidad, donde el talento técnico nacional —formado en buena medida gracias a la apertura de 2013–2018— tenga un rol protagónico.