Energía nuclear argentina: recortes, despidos y privatización bajo Milei

El sector de energía nuclear argentina atraviesa su mayor crisis en décadas: el gobierno de Javier Milei redujo en un 45% el presupuesto real de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), despidió a 62 trabajadores en los primeros días de julio de 2026 y avanza en la apertura del sector a capitales privados extranjeros.

Recorte presupuestal y pérdida de personal calificado

Según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología, desde diciembre de 2023 la CNEA registró una caída del 45,4% en sus asignaciones presupuestarias en términos reales. La inversión en bienes de capital retrocedió un 53,4% y el gasto salarial se contrajo un 42,5%. En términos nominales, el presupuesto pasó de 86.500 millones de pesos —equivalentes a unos 216 millones de dólares al cambio de entonces— a 220.000 millones de pesos, que al tipo de cambio actual representan apenas 146 millones de dólares, en un contexto de inflación acumulada superior al 300%.

Como resultado, alrededor de 400 empleados presentaron renuncias en la CNEA, que contaba con casi 4.000 trabajadores al inicio de la gestión. Sumando las salidas registradas en empresas públicas vinculadas como Nucleoeléctrica S.A. y Dioxitek, la pérdida total de personal calificado en el sector supera los 800 casos.

A ese proceso se sumaron, a comienzos de julio, los despidos de 62 personas bajo régimen de contratos, equivalentes al 20% del personal contratado de la institución. El Ejecutivo sostuvo en un comunicado que la medida afectó principalmente a empleados administrativos y a quienes sus superiores no solicitaron renovar. Los sindicatos rechazaron esa caracterización y documentaron casos de profesionales y técnicos especializados sin reemplazo disponible.

«Los despidos se hicieron sin ningún criterio. Son todas personas necesarias para que la CNEA pueda funcionar», señaló Carolina Komar, doctora en Ciencia y Tecnología y delegada del sindicato ATE.

Privatización y llegada de inversión extranjera

En paralelo al ajuste, el gobierno anunció lo que describió como «la inversión nuclear más importante de los últimos 20 años»: el ingreso de Meitner Energy, consorcio liderado por Ansari Group —con presencia en Canadá, Pakistán y Emiratos Árabes— e integrado también por la empresa argentina Invap. El proyecto contempla una inversión de 1.200 millones de dólares para construir un nuevo reactor nuclear bajo el régimen de exenciones impositivas para grandes inversiones que promueve el gobierno.

Además, el Ejecutivo había anunciado previamente su intención de ceder participación privada en Nucleoeléctrica, la empresa estatal que opera las centrales de Atucha I, Atucha II y Embalse, responsables del 10% de la generación eléctrica del país.

Alertas desde el sector científico y legislativo

La Academia Nacional de Ciencias Exactas expresó «profunda preocupación» por el financiamiento del sistema científico y, en particular, por la situación de la CNEA. Advirtió que el deterioro salarial y presupuestal pone en riesgo el posicionamiento del país en un «selecto grupo internacional» de naciones con dominio de la tecnología nuclear.

Legisladores opositores, entre ellos la diputada y ex presidenta de la CNEA Adriana Serquis, cuestionaron las medidas y anunciaron acciones parlamentarias para enfrentarlas. Desde el sector gremial, los sindicatos se declararon en estado de alerta y exigen la reincorporación del personal desvinculado. La CNEA mantiene además sus instalaciones bajo custodia de la Gendarmería desde comienzos de 2026, situación que los trabajadores calificaron como «militarización» del organismo.