El robo de combustible y petróleo crudo, conocido en México como huachicol, se ha consolidado como la principal fuente de ingresos ilícitos no vinculados directamente al narcotráfico para los cárteles mexicanos, de acuerdo con reportes recientes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La advertencia subraya la creciente sofisticación de estas redes criminales y el impacto económico y estratégico que esta actividad ilegal tiene sobre el sector energético mexicano y la seguridad regional. En un comunicado oficial, el gobierno estadounidense señaló que las organizaciones criminales han desarrollado estructuras logísticas complejas para la extracción, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos robados, generando ingresos anuales estimados en miles de millones de dólares. Estas operaciones, añadió, se han expandido de manera sostenida en los últimos años, aprovechando vulnerabilidades en la infraestructura energética y en los sistemas de control y vigilancia.
Según el Departamento del Tesoro, los cárteles utilizan tomas clandestinas en ductos, robo directo de petróleo crudo, así como el desvío de combustibles en refinerías, terminales y puntos de distribución. Posteriormente, los hidrocarburos son introducidos en cadenas de comercialización ilegales, que incluyen desde ventas directas a consumidores finales hasta su colocación en mercados formales mediante empresas fachada, estaciones de servicio irregulares y redes de transporte aparentemente legales.
El informe destaca que el huachicoleo ya no es una actividad marginal, sino una industria criminal altamente organizada, con participación de operadores financieros, técnicos especializados y contactos dentro de cadenas logísticas, lo que dificulta su detección y desmantelamiento.
Las autoridades estadounidenses advirtieron que el robo de combustibles afecta gravemente las finanzas públicas de México, al reducir los ingresos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y generar pérdidas multimillonarias para el Estado. Además, la actividad ilegal compromete la seguridad energética, provoca daños ambientales por fugas y derrames, y pone en riesgo a comunidades cercanas a los ductos intervenidos.
El huachicoleo también distorsiona los precios del mercado interno de combustibles, al introducir productos robados que se venden a menor costo, afectando la competencia legal y debilitando la cadena formal de suministro.
El Departamento del Tesoro señaló que Estados Unidos mantiene una estrecha cooperación con las autoridades mexicanas para combatir estas redes, incluyendo el intercambio de inteligencia financiera, la identificación de flujos de dinero ilícito y la aplicación de sanciones económicas contra individuos y empresas vinculadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Asimismo, se destacó la importancia de reforzar los controles sobre la cadena de suministro de combustibles, mejorar la trazabilidad de los hidrocarburos y fortalecer los mecanismos de supervisión en ductos, refinerías y puntos de distribución, como parte de una estrategia integral contra este delito.
El informe concluye que el huachicoleo representa hoy uno de los principales desafíos estructurales para el sector petrolero mexicano, no solo por su impacto económico, sino por su conexión con el crimen organizado y la corrupción. Para Estados Unidos, frenar esta actividad es clave tanto para la estabilidad del mercado energético regional como para debilitar las finanzas de los cárteles.
La advertencia del gobierno estadounidense refuerza la urgencia de acciones coordinadas, sostenidas y de largo plazo, orientadas a proteger la infraestructura energética, garantizar la legalidad en el mercado de combustibles y reducir una de las fuentes de financiamiento más lucrativas del crimen organizado en México.