La multinacional HIF Global avanza en la construcción de una planta de combustibles sintéticos en la ribera uruguaya del río Uruguay, frente a la ciudad turística argentina de Colón, provincia de Entre Ríos, con una inversión estimada de 5.385 millones de dólares que representaría la mayor inversión extranjera en la historia de Uruguay. El proyecto ha desatado un conflicto diplomático y social entre ambos países.
Un complejo industrial de escala regional
El proyecto de HIF Global comprende una planta de producción de e-combustibles —entre ellos e-gasolina— ubicada al norte de Paysandú, a tres kilómetros de la costa del río Uruguay. El proceso productivo utilizará hidrógeno verde generado en el mismo predio y dióxido de carbono biogénico capturado parcialmente de la combustión de residuos forestales y de la planta de bioetanol ALUR, también localizada en Paysandú. El destino final de los combustibles sería el mercado europeo, en el marco de los objetivos de neutralidad de carbono del Pacto Verde de la Unión Europea para 2050.
El complejo incluye además un parque solar fotovoltaico al norte de la localidad de El Eucalipto y un parque eólico en la zona de Cuchilla de Fuego. Según los documentos presentados, la planta generaría 300 empleos permanentes, con picos de hasta 3.000 trabajadores durante la etapa constructiva. Las obras están proyectadas para iniciar en el segundo semestre de 2026 y concluir en 2029.
La oposición desde la orilla argentina
La ubicación de la planta se encuentra en línea directa con la costanera de Colón, uno de los principales destinos turísticos del litoral argentino, conocido por sus playas sobre el río Uruguay y su área protegida de palmares. La organización multisectorial Somos Ambiente lidera la resistencia local y exige la relocalización del proyecto fuera de la ribera del río. Sus principales objeciones apuntan a la contaminación visual: la planta ocuparía un frente costero visible de aproximadamente 3.000 metros —más de tres veces el de la papelera de Fray Bentos— y contaría con cuatro antorchas encendidas de forma permanente.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, señaló que ambos países están en condiciones de evitar una repetición del conflicto que enfrentó a Argentina y Uruguay hace dos décadas por la instalación de la papelera Botnia en Fray Bentos, caso que llegó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Posición diplomática de ambos gobiernos
La cancillería argentina indicó que mantiene un diálogo fluido con Uruguay en torno al proyecto y precisó que Argentina no se opone a la construcción de la planta, aunque reclamó extremar los resguardos para evitar efectos negativos sobre las actividades económicas de las poblaciones ribereñas.
El canciller argentino Pablo Quirno transmitió a las autoridades uruguayas la necesidad de atender, en especial, las consideraciones relacionadas con la localización y la contaminación visual del proyecto.
El canciller uruguayo Mario Lubetkin se comprometió a considerar esos señalamientos, aunque la cancillería de Montevideo declinó hacer declaraciones públicas adicionales. Desde HIF Global, empresa con accionistas como la alemana Porsche, la japonesa Idemitsu y la chilena Andes Mining & Energy, se ha sostenido que modificar el emplazamiento implicaría reiniciar el proceso de evaluación ambiental desde cero, con un retraso significativo para el proyecto. El primer memorándum de entendimiento con el gobierno uruguayo fue firmado en 2024 y actualizado a fines de 2025.
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