El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, encendió las alertas sobre la seguridad energética del país al advertir que una interrupción generalizada del suministro eléctrico podría traducirse en pérdidas de aproximadamente $204.000 millones por cada hora de apagón. La declaración se produjo tras un encuentro con representantes del sector de generación eléctrica, en el que se evaluó la vulnerabilidad del sistema ante el inicio del fenómeno de El Niño.
El Niño amenaza los embalses y la generación hidroeléctrica
La principal fuente de preocupación es la dependencia estructural de Colombia de la generación hidroeléctrica, que históricamente representa entre el 65 % y el 75 % de la electricidad producida en el país. El fenómeno de El Niño suele desencadenar períodos extendidos de sequía que reducen los niveles de los embalses, comprometiendo directamente la capacidad de generación y la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
«Enfrentamos un riesgo real de apagón eléctrico que exige medidas anticipadas», señaló Restrepo luego de las reuniones sostenidas con actores del sector energético.
Impacto económico de una eventual interrupción
La cifra estimada de $204.000 millones por hora ilustra la magnitud de la dependencia económica colombiana del suministro continuo de electricidad. Una interrupción de gran escala afectaría simultáneamente a la industria manufacturera, el comercio, las telecomunicaciones, el transporte masivo y los servicios esenciales como hospitales y acueductos, que deberían recurrir a sistemas de respaldo para mantener su operación.
El antecedente más reciente es la crisis energética de 2015-2016, cuando la combinación de El Niño, embalses en niveles críticos y fallas en algunas plantas de generación llevó al país al borde de un racionamiento. En aquella ocasión, el Gobierno implementó campañas de ahorro y medidas de emergencia para evitar cortes programados.
Respuesta regulatoria y hoja de ruta del nuevo gobierno
En el frente regulatorio, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ya expidió disposiciones orientadas a incentivar la participación voluntaria de usuarios en programas de reducción de consumo, con el objetivo de aliviar la presión sobre el sistema en escenarios de alta demanda o baja disponibilidad hídrica.
Por su parte, el gobierno entrante planteó como ejes centrales de su estrategia la mayor participación del sector privado en la expansión de la infraestructura energética, el diálogo continuo con empresas generadoras y entidades regulatorias, y el fortalecimiento de la diversificación de la matriz eléctrica para reducir la exposición a la variabilidad climática.
Restrepo indicó que la administración considera la seguridad energética como una prioridad de primer orden y que las acciones preventivas deben iniciarse de forma inmediata para evitar un escenario de desabastecimiento. El sector energético y las autoridades regulatorias tienen previsto continuar las mesas de trabajo para definir las medidas concretas que se adoptarán durante los próximos meses.
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