Un bloque identificado como uranio empobrecido fue detectado entre los residuos ingresados a una planta de reciclaje ubicada en Río Cuarto, provincia de Córdoba, desencadenando un operativo preventivo con participación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Autoridad Regulatoria Nuclear y fuerzas de seguridad. El episodio derivó en una advertencia formal del Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires sobre la existencia de fallas estructurales en los sistemas de control de materiales peligrosos.
Qué ocurrió y cómo respondieron las autoridades
Fueron los propios trabajadores de la instalación quienes detectaron el material, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia radiológica. Los primeros informes de las autoridades intervinientes indicaron que el bloque se hallaba encapsulado y no representaba un riesgo inmediato para el personal ni para los vecinos del área. Sin embargo, la presencia del material fuera de los circuitos formales de resguardo fue suficiente para generar una alerta institucional de alcance nacional.
Por qué preocupa el uranio empobrecido
El uranio empobrecido es clasificado como un material de baja actividad radiactiva, pero su condición de metal pesado lo convierte simultáneamente en una sustancia de alta toxicidad química. Su manipulación, transporte y disposición final están sujetos a protocolos estrictos definidos tanto por la normativa argentina como por estándares internacionales. Que este tipo de material pueda aparecer en una planta de reciclaje convencional evidencia, según los especialistas, una ruptura en la cadena de custodia que debería ser inviolable.
Carlos Colángelo, presidente del Consejo Profesional de Química bonaerense, señaló que cuando materiales de este tipo salen de los circuitos formales de control, el hecho deja de ser un incidente aislado y se convierte en una señal de alarma institucional.
Contexto: un patrón de incidentes con materiales radiactivos
El caso de Río Cuarto no es el único registrado en el período reciente. El Consejo Profesional de Química señaló que este episodio se suma al robo de una fuente radiactiva de cesio-137 ocurrido en un centro médico de Rosario, suceso que ya había generado inquietud en el sector de seguridad nuclear. La acumulación de estos antecedentes refuerza el reclamo de las entidades profesionales sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de trazabilidad de residuos peligrosos a nivel nacional.
Obligaciones legales y demandas de fiscalización
La legislación argentina establece obligaciones específicas para cada etapa del ciclo de vida de los residuos peligrosos: identificación, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final. El Consejo Profesional de Química recordó que estas tareas deben estar exclusivamente a cargo de operadores habilitados, con formación certificada y bajo supervisión efectiva de las autoridades competentes.
La institución exhortó formalmente a las autoridades nacionales, provinciales y municipales a reforzar los sistemas de fiscalización y a garantizar la trazabilidad de todos los materiales radiactivos en circulación, con el objetivo de prevenir la repetición de incidentes de esta naturaleza. La CNEA y la Autoridad Regulatoria Nuclear no habían emitido un comunicado público detallado al momento del cierre de esta nota.