Los ‘cortos circuitos’ del sector eléctrico colombiano, según S&P Global Ratings

Para la calificadora, hasta ahora, los intentos del presidente Petro de imponer cambios al marco del sector eléctrico no han tenido éxito. 

La calificadora de riesgos, S&P Global Ratings presentó un informe en el que destacó que el marco regulatorio bajo el cual operan las empresas del sector eléctrico en América Latina es favorable, “porque permite una recuperación oportuna de los costos operativos y de capital”.

Sin embargo, también prende las alarmas sobre algunos factores que generan ‘corto circuito’ en el sector y elevan los costos de los servicios públicos en varios países de la región, entre ellos Colombia.

“Los gobiernos de Chile y de Colombia han impedido que las tarifas eléctricas se ajusten, a pesar de la alta inflación, debido a las inquietudes en torno al poder adquisitivo de la población. Como resultado, el capital de trabajo de muchas empresas de servicios públicos reguladas ha aumentado, aunque las calificaciones de estas entidades se han mantenido relativamente estables debido a la amplia liquidez”, dice S&P Global Ratings en este informe.

Además señala que ha habido cierta “interferencia política en México”, donde el gobierno anterior intentó repetidamente revertir la reforma energética de 2014.

“De haberse implementado, esto nos habría llevado a revisar nuestra evaluación del marco regulatorio a una categoría más débil”, agrega la calificadora de riesgo.

Para S&P Global Ratings, es importante que para garantizar la sostenibilidad del sector eléctrico en América Latina, “los reguladores se enfoquen en aumentar el porcentaje de energías renovables no convencionales en la matriz energética, en mejorar los sistemas de transmisión y la conectividad con nuevas áreas urbanas y/o industriales, y en destinar inversiones adicionales y esfuerzos de digitalización para mejorar la eficiencia”.

El caso de Colombia

El informe de la calificadora dedica un espacio para el caso colombiano, en el que dice que “hasta ahora, los intentos del presidente Petro de imponer cambios al marco del sector eléctrico no han tenido éxito”.

Sin embargo, destaca que el Gobierno “ha detenido nuevos proyectos hidroeléctricos y reducido las inversiones en capacidad a base de combustibles fósiles”. No obstante esto también puede representar un riesgo para la confiabilidad del sistema eléctrico en el futuro.

“Además, los retrasos en el otorgamiento de licencias y la falta de certeza jurídica e institucional para los proyectos no convencionales, sumados a la necesidad de que la transmisión integre energía al Sistema Interconectado Nacional en los últimos años, son inquietudes adicionales”, dice la calificadora sobre Colombia.

Por su parte, S&P Global Ratings ve con preocupación que “muchos de los nuevos desarrolladores de energía solar, que ganaron la licitación de energía renovable de octubre de 2021, tuvieron que cancelar sus contratos de suministro de energía a largo plazo porque no se construyeron las líneas de transmisión necesarias para permitir la entrega de energía a las áreas de consumo. Está en trámite un nuevo proyecto de ley sobre servicios públicos que podría cambiar el marco para los servicios de electricidad y agua. Esto, aunado a la ausencia de construcción de nuevas líneas de transmisión, puede obstaculizar la construcción de nuevos proyectos”.

Tarifas y estabilidad financiera

La calificadora también observa que el sector eléctrico colombiano ha experimentado una serie de cambios en su esquema de remuneración en los últimos dos años, debido a inquietudes en torno a la de accesibilidad económica para el usuario final, derivadas del mercado spot altamente volátil y del fenómeno de El Niño, que han aumentado los costos de la energía.

Según S&P Global Ratings, el impacto las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar la sequía de 2023 y que elevaron los precios en la bolsa de energía ha variado entre empresas, lo que influye en su rentabilidad y liquidez en función de su exposición a las fluctuaciones de precios del mercado spot. “Sin embargo, dada su fuerte posición competitiva, apalancamiento y liquidez, no hubo impacto en la calificación de las entidades calificadas”.

Sobre la estabilidad y la independencia regulatoria, la calificadora de riesgos recordó que en 1994, el gobierno colombiano estableció el marco regulatorio y las agencias del sector eléctrico, modificadas por la Ley sobre Energías Renovables (Ley 1,715) en 2014 para promover el desarrollo de proyectos de energía de fuentes renovables no convencionales en el país.

“El objetivo principal es garantizar la confiabilidad del sistema, eliminar el riesgo de apagones y reducir la dependencia de la generación térmica. El gobierno actual propuso un proyecto de ley para modificar la ley de energía de 2014 mediante la ampliación del servicio público de electricidad y la reducción de tarifas”.

Al respecto, S&P Global Ratings considera que la autonomía de los organismos reguladores se ha debilitado bajo el actual gobierno, dados los cambios operativos y tarifarios mediante una secuencia de decretos del Ministerio de Minas y Energía (MME), la CREG y la Comisión de Regulación de Comunicaciones.