El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia decretó este miércoles 14 de enero de 2026 una “emergencia energética y social” para todo el país, una medida de carácter excepcional que responde a una crisis económica que ha profundizado los problemas de abastecimiento de combustibles, la inflación, la escasez de dólares y tensiones sociales crecientes. La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo 5517, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, y representa una respuesta gubernamental urgente frente a una situación económica estructural que afecta la vida cotidiana y la producción nacional.
Bolivia ha venido enfrentando un contexto de inflación en alza, escasez de divisas y dificultades para mantener un suministro adecuado de combustibles. Según documentos oficiales, el país cerró el año 2025 con una inflación acumulada superior al 20 %, una cifra que ha impactado el poder adquisitivo de la población y el funcionamiento de la economía.
La falta de dólares complica las importaciones básicas, incluyendo los combustibles, lo que a su vez afecta industrias clave como transporte, agroindustria y producción manufacturera. Esta cadena de dificultades generó desabastecimiento en varias regiones y provocó protestas sociales en semanas recientes.
Ante este escenario, el Decreto Supremo 5517 establece un conjunto de disposiciones excepcionales con el objetivo de garantizar el abastecimiento de combustibles y energía, así como reactivar la producción y contribuir a la recuperación económica del país. Entre los puntos principales se encuentran:
📦 Apertura temporal a la importación y comercialización de combustibles por parte de privados: El decreto autoriza, de forma excepcional, a personas naturales y jurídicas privadas a importar, vender y comercializar productos derivados del petróleo a precios de importación, siempre que tengan capacidad de almacenamiento propia o alquilada.
🚚 Suspensión temporal del control del diésel: Con la finalidad de asegurar el suministro continuo para el transporte, la producción y la agroindustria, el diésel fue excluido de la lista de sustancias controladas temporalmente, facilitando su disponibilidad inmediata.
📌 Medidas temporales y de carácter inmediato: El Gobierno ha aclarado que estas disposiciones tendrán un carácter excepcional, temporal e inmediato, vinculadas directamente a la coyuntura crítica que atraviesa el país.
Las medidas se toman luego de un intenso proceso de negociación entre el Ejecutivo y diversos sectores sociales, incluidos sindicatos y organizaciones de trabajadores que semanas atrás protagonizaron bloqueos y protestas en varias regiones del país. El diálogo permitió avanzar en acuerdos que facilitaron la firma del decreto y la implementación de ajustes que buscan estabilizar la situación.
Además de la crisis de combustibles, Bolivia enfrenta un aumento en el costo de vida generalizado, con presiones inflacionarias que afectan los precios de alimentos, transporte y servicios básicos. Este entorno ha generado un escenario social y económico delicado que impulsó al Gobierno a tomar medidas extraordinarias.
El decreto apunta a aliviar el desabastecimiento y proveer un marco legal que facilite el ingreso de combustibles al país, pero también abre un debate sobre la participación del sector privado en actividades que tradicionalmente estaban bajo control estatal. Las autoridades bolivianas han defendido la apertura temporal como una herramienta necesaria para superar la crisis actual sin afectar la estabilidad del mercado.
El impacto de estas medidas aún está por verse en su totalidad, pero se espera que contribuyan a aliviar las dificultades de abastecimiento y a estabilizar sectores económicos clave. El Gobierno ha indicado que la emergencia permanecerá vigente hasta que se normalicen las condiciones de suministro y se logre una mayor estabilidad económica.