En medio de una profunda crisis en el sector energético y de combustibles, el exministro boliviano de Hidrocarburos Álvaro Ríos planteó la posibilidad de levantar pronto el subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP) destinado a las garrafas domésticas, como una medida para combatir el creciente contrabando transfronterizo de este producto y enfrentar las distorsiones económicas que genera la política actual.
Durante una entrevista en el programa La Tarde en Directo, Ríos afirmó que el subsidio al GLP, que mantiene el precio de las garrafas muy por debajo del valor internacional, ha incentivado el contrabando hacia países vecinos como Perú y Argentina, donde el combustible se vende hasta más de cinco veces su valor boliviano.
“La solución, y que lo debemos hacer pronto, es quitar el subsidio al GLP. Al mismo tiempo, propondría focalizar el apoyo a quienes realmente lo necesitan”, señaló Ríos, resaltando que la política actual es, desde su perspectiva, un “absurdo económico” que contribuye al desbalance del mercado.
Según datos que cita el exfuncionario, Bolivia necesitaría importar un promedio de 80 toneladas métricas diarias de GLP este año, cifra que, advirtió, podría duplicarse en 2027 si no se corrige la estructura de precios.
El subsidio sobre las garrafas de GLP se enmarca en un histórico sistema de precios regulados que Bolivia ha mantenido por años, y que recientemente sufrió un cambio drástico con la eliminación de las subvenciones sobre combustibles más tradicionales como gasolina y diésel bajo la administración del presidente Rodrigo Paz, buscando estabilizar las finanzas públicas tras décadas de déficit fiscal por subsidios energéticos.
Expertos y analistas han señalado que los subsidios energéticos representan una carga fiscal significativa para el Estado y generan distorsiones económicas, afectando la competitividad de los productos y la eficiencia en el mercado interno. Además, la brecha entre precios internos y externos fomenta actividades ilícitas de contrabando, que son difíciles de controlar sin una política integral.
La propuesta del exministro ha generado debate en el escenario político y social boliviano. Mientras algunos sectores destacan la necesidad de ajustar las políticas de subsidios para mejorar la sostenibilidad económica a largo plazo, otros advierten sobre el riesgo de impactar negativamente en los hogares de menores ingresos, que dependen del GLP para la cocción y la calefacción.
Ríos también sugirió que, como complemento a la eliminación del subsidio, el Gobierno debería militarizar ciertos puntos fronterizos para frenar el flujo de garrafas hacia mercados donde los precios son mucho más altos, además de liberar la importación de GLP para equilibrar la oferta interna.
Asimismo, esta propuesta se dio en el contexto de otras iniciativas del Ejecutivo boliviano, como la instalación de dispositivos electrónicos en garrafas de GLP para evitar su uso fuera del país, idea que el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, ha mencionado aunque todavía se encuentra en desarrollo.
Desde el inicio de este año, Bolivia ha registrado filas en busca de garrafas de GLP, producto de la escasez y el desabastecimiento que afectan al mercado interno. La crisis energética del país, ligada a problemas estructurales en la producción y la importación de combustibles, ha intensificado el debate sobre la necesidad de reformar la política de subsidios y encontrar soluciones más sostenibles y equitativas.
En conjunto, la propuesta de levantar el subsidio al GLP se inserta en un debate más amplio sobre la reforma del sector energético boliviano, que busca equilibrar la protección social con la eficiencia económica y la sostenibilidad fiscal, en un contexto regional donde los precios y la política de combustibles generan tensiones y desafíos significativos.