En los últimos días, las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador han escalado a un punto crítico, luego de que ambos países anunciaran medidas arancelarias y restricciones energéticas que ponen en riesgo no solo el comercio bilateral, sino también la cooperación regional. Esta tensión se produce en medio de disputas sobre cooperación en seguridad fronteriza, déficits comerciales y reclamos políticos que han agravado la situación diplomática entre los países vecinos.
El conflicto comenzó cuando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció desde el Foro Económico Mundial en Davos que su país impondrá un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de febrero de 2026, argumentando la falta de colaboración significativa de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera compartida. Esta decisión se tomó en un contexto de un déficit comercial que supera los 1 000 millones de dólares anuales a favor de Colombia, lo que ha sido citado por Ecuador como un factor que justifica medidas de equilibro comercial.
Desde Bogotá, el gobierno colombiano rechazó estas afirmaciones y calificó la medida de “agresión económica” que contraviene los principios de integración regional, enfatizando que, pese a las tensiones, la cooperación bilateral en seguridad y operaciones conjuntas contra el narcotráfico ha sido significativa, incluyendo incautaciones conjuntas de grandes cargamentos de droga en la zona fronteriza.
En respuesta a la decisión ecuatoriana, el gobierno de Colombia anunció este 22 de enero de 2026 la imposición de un arancel del 30 % a un conjunto de 20 productos ecuatorianos y la suspensión de las exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador. Estas acciones representan una escalada significativa en la disputa comercial y energética entre ambos países fronterizos.
La suspensión de la venta de electricidad, según el ministro colombiano de Minas y Energía, busca proteger la seguridad energética interna en un contexto de variabilidad climática y garantizar el suministro para los hogares colombianos. Ecuador depende de hasta un 10 % de su energía eléctrica importada desde Colombia, especialmente en momentos de sequía o bajos niveles en sus embalses, lo que subraya la importancia del comercio energético entre ambos países.
Las medidas arancelarias han generado preocupación en los sectores productivos de ambos países. Líderes empresariales han advertido que la imposición de tarifas y restricciones podría interrumpir planes de desarrollo empresarial, reducir ventas y poner en riesgo empleos, dada la interdependencia económica entre Colombia y Ecuador.
Organizaciones comerciales destacaron que Ecuador es uno de los principales destinos para las exportaciones colombianas, especialmente en productos manufacturados, agricultura y energía, mientras que Colombia importa bienes esenciales desde Ecuador, lo que crea una relación comercial compleja y delicada.
Aunque las medidas parecen diseñadas para presionar políticamente y obtener concesiones en temas de seguridad fronteriza, ambos gobiernos han expresado su disposición a continuar el diálogo. Desde Colombia, las autoridades han enfatizado la necesidad de negociación diplomática para encontrar soluciones que preserven la integración económica regional, mientras que Ecuador sostiene que sus acciones buscan impulsar un compromiso más profundo en la lucha contra grupos criminales transnacionales.
Expertos en relaciones internacionales advierten que esta disputa podría tener implicaciones significativas para el comercio en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y otros acuerdos de integración regional, poniendo a prueba los mecanismos de resolución de conflictos y cooperación económica dentro de la región andina.