"Ecuador reestructura su gestión ambiental y energética en medio de críticas y preocupaciones"

La fusión del Ministerio del Ambiente con el de Energía y Minas, decretada por el gobierno de Daniel Noboa, ha encendido las alertas entre ambientalistas, académicos y organizaciones sociales en Ecuador. Aunque se presenta como una estrategia para optimizar recursos y atraer inversión, expertos advierten que podría debilitar los controles ambientales y generar conflictos de interés, al unificar funciones de fomento extractivo con labores de fiscalización. Se teme también una pérdida de capacidades técnicas claves para la protección de ecosistemas sensibles. La medida ha motivado el rechazo de colectivos y universidades, que exigen transparencia, autonomía y garantías para los derechos de las comunidades y la naturaleza. La implementación de esta reforma será crucial para determinar si es un paso hacia la eficiencia o un retroceso ambiental.

La reciente decisión del gobierno del presidente Daniel Noboa de fusionar el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el Ministerio de Energía y Minas ha generado una fuerte ola de críticas por parte de expertos en medioambiente, organizaciones civiles y académicos, quienes advierten sobre una posible crisis institucional en la gestión y el control ambiental del país.

La medida, anunciada a inicios de agosto mediante decreto ejecutivo, tiene como objetivo —según el Gobierno— optimizar recursos, mejorar la coordinación interinstitucional y facilitar la atracción de inversiones, especialmente en los sectores estratégicos de minería, petróleo y energía. Sin embargo, diversos sectores alertan que esta decisión puede acarrear un debilitamiento de las políticas de protección ambiental, en un contexto ya crítico por la creciente presión sobre los ecosistemas amazónicos, la expansión minera y los conflictos socioambientales.

Riesgos de conflictos de interés y falta de control

Especialistas en derecho ambiental y gobernanza pública han señalado que unificar la autoridad que promueve la explotación de recursos con aquella que regula y supervisa los impactos ambientales representa un claro conflicto de interés. “El ente que debe fiscalizar y sancionar los impactos negativos de la actividad extractiva no puede ser el mismo que la impulsa”, advirtió la Fundación Pachamama en un comunicado oficial.

Además, se teme que esta fusión provoque una pérdida de capacidades técnicas, al eliminar o debilitar unidades especializadas en biodiversidad, cambio climático, gestión hídrica y evaluación de impacto ambiental, las cuales son clave para el cumplimiento de compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú, el Acuerdo de París y la Agenda 2030.

Reacciones de la sociedad civil y académicos

Organizaciones ambientales como CEDENMA, Acción Ecológica y el colectivo Yasunidos han expresado su rechazo al decreto y han convocado a foros ciudadanos, plantones y recursos de inconstitucionalidad. También universidades como la PUCE, la Universidad Central y la Universidad de Cuenca han abierto espacios de debate donde se analizan los efectos negativos de centralizar competencias tan distintas.

“En lugar de fusionar, se debería fortalecer la capacidad reguladora del Estado, dotando de presupuesto y autonomía al Ministerio del Ambiente. Esta medida es un retroceso”, declaró Karina Barrera, exviceministra de Ambiente y consultora en desarrollo sostenible.

Impactos potenciales en proyectos extractivos y territorios indígenas

La decisión se produce en un contexto en el que Ecuador busca reactivar su economía a través de la minería y el petróleo, sectores que históricamente han generado conflictos con comunidades indígenas, especialmente en la Amazonía. Líderes de la CONAIE y la CONFENIAE advirtieron que esta medida podría agravar las tensiones, al dejar a las poblaciones originarias con menos garantías de protección de sus territorios y derechos colectivos.

Según datos del Ministerio del Ambiente, más de 600 proyectos extractivos se encuentran en trámite de evaluación ambiental. Varios de ellos están en zonas sensibles como el Yasuní, el Chocó Andino y páramos de la Sierra Central. La falta de un ente independiente que revise y apruebe estos estudios podría comprometer la legitimidad del proceso.

¿Qué dice el Gobierno?

En respuesta a las críticas, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que asegura que la fusión buscará “una mejor articulación técnica y estratégica para impulsar una transición energética responsable con el ambiente”, y que se crearán comisiones técnicas internas que garantizarán la objetividad en los procesos de licenciamiento y monitoreo.

No obstante, hasta la fecha no se han publicado los lineamientos operativos de la nueva institución ni se ha informado sobre cómo se garantizará la transparencia y la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

Conclusión

La fusión de los ministerios de Ambiente y Energía y Minas plantea un desafío de gran magnitud para la institucionalidad ambiental del Ecuador. Mientras el Gobierno defiende su decisión como un paso hacia una mayor eficiencia, la sociedad civil y expertos insisten en que está en juego la protección de los recursos naturales y los derechos de las futuras generaciones. En los próximos meses, la implementación de esta reforma será clave para evaluar si se trata de una medida de modernización o un retroceso en la lucha por la sostenibilidad en el país.