El Gobierno peruano se encuentra a punto de declarar en emergencia el mercado de comercialización de combustibles a nivel nacional, mediante un decreto supremo que será promulgado desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y que busca frenar la especulación de precios y garantizar el abastecimiento energético del país.
Escalada de precios detrás de la decisión
El viceministro de Hidrocarburos, Marco Agama Rodriguez, explicó que la cadena de aumentos se desencadenó a partir del 26 de febrero, cuando un conflicto bélico en Oriente Medio generó tensiones en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más críticos para el tránsito de crudo. Como consecuencia, las primas de seguro de los buques tanqueros se dispararon hasta un 1.000%, encareciendo significativamente el precio final del hidrocarburo importado.
Las cifras oficiales ilustran la magnitud del impacto: el galón de diésel pasó de S/ 8,32 en febrero a S/ 14,18 en mayo, un incremento del 70%. Las gasolinas y gasoholes acumularon un alza del 78%, mientras que el GLP registró un encarecimiento del 43% en el mismo período.
Un país altamente dependiente del crudo importado
La vulnerabilidad de Perú ante las fluctuaciones internacionales responde a una brecha estructural: el país consume el equivalente a 240.000 barriles de crudo por día, pero su producción interna oscila entre 30.000 y 40.000 barriles diarios. Esta dependencia del mercado externo convierte cualquier variación en las cotizaciones globales en un factor de alto impacto directo sobre los precios internos al consumidor.
"Nosotros no fijamos este precio; es nuestra gran dependencia del petróleo importado", señaló el viceministro Agama Rodriguez al referirse a la imposibilidad del Estado de controlar de manera unilateral los valores en surtidor.
Alcance y estructura del decreto supremo
El decreto en preparación establecerá una lista de bienes energéticos esenciales que incluye diésel B5, gasolinas, gasoholes y GLP. La norma tendrá como objetivos explícitos la protección del consumidor frente a conductas especulativas o de acaparamiento, así como asegurar el suministro continuo de combustibles en todo el territorio nacional.
La responsabilidad de emitir el decreto fue trasladada del Ministerio de Energía y Minas (Minem) a la PCM, dado que el texto involucrará directamente a dos organismos adscritos a esa instancia: el Osinergmin, encargado del monitoreo detallado de precios en toda la cadena de comercialización, y el Indecopi, con facultades para investigar, fiscalizar y sancionar prácticas anticompetitivas.
Próximos pasos
Según declaraciones del viceministro, toda la documentación necesaria ya fue remitida a la PCM, que se encuentra en condiciones de promulgar el decreto en los próximos días. La norma incluirá cláusulas específicas que delimitan las acciones tanto de Osinergmin como de Indecopi en el marco de la emergencia declarada. Agama Rodriguez indicó además que los precios internacionales del crudo muestran una ligera tendencia a la baja en las últimas jornadas, aunque advirtió que la evolución del mercado global seguirá siendo determinante para el comportamiento de los precios domésticos.
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