La escasez de gas natural golpea la competitividad industrial en Colombia

La falta de infraestructura y el descenso de las reservas de gas natural están generando un escenario crítico para la industria colombiana. Los costos energéticos se disparan, afectando la competitividad y poniendo en riesgo miles de empleos. Las soluciones estructurales aún no llegan y la incertidumbre se intensifica en todos los sectores productivos.

En los últimos meses, la industria colombiana ha comenzado a sentir con mayor intensidad el impacto de la escasez de gas natural. Esta situación no solo está elevando los costos operativos, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad de diversas actividades productivas que dependen de este recurso como fuente primaria de energía. Sectores como el cementero, cerámico, siderúrgico y de alimentos se enfrentan a una presión creciente para encontrar soluciones alternativas en un contexto de limitada infraestructura.

El déficit estructural del sistema de abastecimiento, especialmente en la costa Caribe, ha impedido una adecuada diversificación de las fuentes de suministro. A pesar de que el país cuenta con potencial de producción en campos como La Guajira o el offshore en el mar Caribe, la falta de inversión y decisiones oportunas ha conducido a una mayor dependencia del gas interno, cuyas reservas están en descenso. La limitada capacidad de importación mediante infraestructura adecuada es otro factor que agrava la problemática.

Esta situación ha generado una creciente incertidumbre en el sector empresarial, que teme un encarecimiento sostenido de los precios del gas, afectando la competitividad y los planes de inversión. Las estimaciones apuntan a que los costos energéticos podrían duplicarse en ciertos segmentos industriales, generando un efecto dominó sobre el empleo, la productividad y los precios finales al consumidor.

Escenarios preocupantes por falta de infraestructura

Uno de los factores más críticos es la limitada infraestructura para importar gas natural. Colombia depende casi exclusivamente de la regasificadora de Cartagena, la cual tiene una capacidad restringida que no permite cubrir la demanda del centro y sur del país. La inexistencia de una planta similar en el Pacífico o en el Golfo de Urabá deja sin alternativas viables a muchas regiones ante posibles caídas en la producción local o emergencias climáticas.

Además, el sistema de transporte interno no tiene la flexibilidad ni el alcance necesario para redistribuir el gas disponible hacia las zonas más deficitarias. Esto hace que, incluso si se cuenta con reservas o gas importado, el recurso no llegue con eficiencia a las industrias de mayor consumo. Las inversiones en nuevos gasoductos o ampliaciones han sido pospuestas por años, generando una vulnerabilidad estructural que ahora cobra protagonismo.

El rezago en infraestructura también impide responder a escenarios de mayor demanda, como los ocurridos durante fenómenos de El Niño o crisis hídricas, donde el gas se convierte en un insumo esencial para la generación térmica. Si no se corrige esta situación, Colombia corre el riesgo de experimentar racionamientos energéticos o aumentos tarifarios que afectarán a toda la economía.

Vientos adversos para la industria nacional

Las industrias más intensivas en el uso de gas natural ya están experimentando aumentos considerables en sus costos operativos. Este fenómeno no solo reduce los márgenes de ganancia, sino que limita la capacidad de competir con productos importados de países donde el gas es más barato y estable. Empresas del sector cerámico, por ejemplo, advierten que los incrementos tarifarios podrían obligarlas a reducir producción o trasladar operaciones a otros países.

En el sector cementero, uno de los mayores consumidores de energía en Colombia, se teme una desaceleración en la ejecución de proyectos de infraestructura debido al encarecimiento de insumos. Esto afectaría directamente al sector construcción, que depende del cemento nacional como insumo clave. La posibilidad de importar cemento más barato desde otros países ya está siendo considerada como alternativa por algunos contratistas.

A largo plazo, esta situación podría provocar un fenómeno de desindustrialización si las condiciones no mejoran. Sin acceso a gas a precios competitivos y con una red limitada de transporte, muchos empresarios podrían decidir reducir su presencia en el país o frenar sus planes de expansión. La pérdida de empleos y la contracción de la producción nacional serían consecuencias inevitables.

Incertidumbre en la oferta futura de gas

Colombia ha enfrentado una caída progresiva en sus reservas de gas natural, sin que nuevas fuentes logren compensar la disminución. Proyectos como el offshore en el Caribe aún están en fases exploratorias o enfrentan incertidumbres regulatorias, mientras que yacimientos tradicionales como Chuchupa muestran signos de agotamiento. La falta de políticas claras para incentivar la exploración complica el panorama.

Aunque se han identificado importantes reservas potenciales en yacimientos no convencionales, el país aún no ha definido una hoja de ruta clara para su desarrollo. Esto impide planificar a largo plazo la seguridad energética y limita las oportunidades de inversión en nuevas tecnologías. La industria se ve obligada a operar con un horizonte de corto plazo, lo cual inhibe decisiones estratégicas y eleva los riesgos operativos.

En paralelo, la creciente demanda de gas por parte del sector residencial y la generación eléctrica compite con la necesidad de asegurar suministro a la industria. Sin una estrategia nacional de priorización o diversificación, esta competencia por el recurso podría generar distorsiones en precios o en la asignación de cupos de distribución, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Importación y diversificación: urgencias sin resolver

Una de las alternativas que se ha planteado para enfrentar el déficit de gas natural es la ampliación de las capacidades de importación. Sin embargo, los proyectos de nuevas regasificadoras han avanzado lentamente por falta de decisiones gubernamentales claras y por dificultades para estructurar esquemas de financiación público-privada. Esto deja a Colombia en una posición de vulnerabilidad frente a eventos climáticos o geopolíticos que afecten el suministro regional.

También se ha sugerido avanzar en acuerdos bilaterales con países vecinos para asegurar el suministro transfronterizo. No obstante, las tensiones políticas y los cambios en las prioridades energéticas de países como Venezuela o Perú dificultan la consolidación de estos acuerdos. La dependencia de mercados internacionales poco confiables puede ser un riesgo si no se cuenta con contratos estables y de largo plazo.

Otra opción es acelerar la transición hacia energías renovables, reduciendo así la presión sobre el gas como fuente energética primaria. Si bien Colombia ha avanzado en este frente con proyectos solares y eólicos, estos aún no son suficientes para reemplazar al gas en procesos industriales intensivos. Sin soluciones concretas en el corto plazo, la dependencia del gas seguirá siendo crítica.

Impactos económicos y sociales acumulativos

Los aumentos en los costos del gas natural ya están trasladándose a los precios finales de productos básicos. Esto tiene un efecto directo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares colombianos, especialmente en contextos donde los salarios no crecen al mismo ritmo. La carestía energética también repercute en los servicios públicos, la movilidad y la cadena de suministro.

Desde el punto de vista del empleo, la escasez de gas y el aumento de costos podrían derivar en recortes de personal, cierres de turnos o incluso paralización de plantas. Las industrias más afectadas operan en zonas que generan miles de empleos directos e indirectos, por lo que cualquier afectación tiene un impacto regional significativo. El gobierno deberá evaluar medidas de contención para evitar un deterioro del empleo industrial.

En términos macroeconómicos, la pérdida de competitividad del aparato productivo nacional implica menor capacidad exportadora, mayor dependencia de importaciones y una reducción en la recaudación tributaria. Esta cadena de impactos puede comprometer la estabilidad fiscal y el cumplimiento de metas de desarrollo económico, haciendo urgente una respuesta estructural y multisectorial.