México se enfrenta a una disyuntiva energética compleja con el nuevo Plan Estratégico 2025–2035 de Pemex. Aunque el documento reconoce el enorme potencial de los yacimientos no convencionales —que requieren fracking—, los líderes políticos insisten en su rechazo público a esta técnica. El gobierno de Claudia Sheinbaum plantea aumentar la producción de gas natural y fortalecer a Pemex, sin mencionar explícitamente el uso del fracking, generando un discurso ambiguo. Activistas ambientales advierten que esta retórica podría encubrir el regreso silencioso de prácticas contaminantes. La contradicción entre política oficial y estrategia técnica levanta dudas sobre la transparencia y sostenibilidad del plan. México se encuentra en un punto de inflexión donde deberá decidir entre coherencia ambiental o expansión energética riesgosa.
Fecha:Tuesday 19 Aug de 2025
Gestor:ESCUELA ESGEP
La reciente presentación del Plan Estratégico 2025–2035 para Petróleos Mexicanos (Pemex) ha puesto en evidencia una profunda contradicción entre la narrativa oficial y el pragmatismo energético: mientras el documento reconoce el valor de "yacimientos no convencionales" —capaces de contener 113 000 millones de barriles estimados, de los cuales el 57% se encuentran en depósitos que requieren fracturamiento hidráulico—, los discursos de sus principales líderes rechazan de manera tajante el uso del fracking .
Este giro se acentúa cuando el Director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, insiste en que la empresa no llevará a cabo fracking, sino que se limitará a “evaluar cuánto se podría extraer” de estas formaciones. A su vez, la secretaria de Energía, Luz Elena González, aporta ambigüedad al afirmar: “Estamos completamente en contra de eso. Nadie está planteando eso. Sin embargo, hay que incrementar la producción de gas” .
La nueva administración de Claudia Sheinbaum representa un viraje respecto a su antecesor Andrés Manuel López Obrador, quien rechazaba categóricamente el fracking. En contraste, el actual gobierno contempla este método como una herramienta vital para asegurar la soberanía energética, reducir la dependencia de gas importado —especialmente desde EE.UU.— y apuntalar a Pemex financieramente .
El reciente plan gubernamental establece objetivos ambiciosos: elevar la producción de gas natural hasta 5 000 millones de pies cúbicos diarios hacia 2028, con una estrategia que combina asociaciones público‑privadas, fondos fiduciarios, y potencial colaboración internacional .
Organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking interpretan la retórica oficial como una estrategia que busca encubrir la reactivación del fracking bajo nombres técnicos menos polémicos como “estimulación” o “geología compleja”. Denuncian que esta ambigüedad socava los compromisos climáticos y de conservación hídrica del país .
Existen evidencia clara de los impactos dañinos del fracking. Casos como los reportados en Texas demuestran que el uso del método puede contaminar acuíferos con agua residual altamente tóxica, generando crisis ambientales graves .
La apuesta por explorar y explotar depósitos no convencionales representa un reto técnico, económico y regulatorio de gran magnitud. Supone inversión en tecnologías más limpias, supervisión estricta y flexibilidad legal —aspectos aún en discusión dentro del nuevo plan energético.
En síntesis, Pemex y el gobierno mexicano enfrentan un escenario de tensión: por una parte, las urgencias de revitalizar a la energética estatal y garantizar autosuficiencia; por otra, la presión de una ciudadanía cada vez más consciente del costo ambiental de esta práctica. El camino elegido —ocultar o reconocer el fracking— será clave para definir el futuro energético y sustentable de México.
México transita por un escenario estratégico delicado: el gobierno propone revitalizar a Pemex mediante el desarrollo de yacimientos complejos, sin embargo, evita mencionar el fracking de forma explícita. Esta dualidad —un discurso público firme contra la técnica y un plan técnico que apunta hacia su uso— abre interrogantes sobre transparencia, viabilidad ambiental y credibilidad gubernamental.
El balance entre soberanía energética y sostenibilidad ambiental está en juego. Cómo avance este debate, y si México logra avanzar sin fracturar su cohesión social y ambiental, será clave en los próximos años.