México redefine su política petrolera: el nuevo Reglamento de Hidrocarburos despierta temores de expropiaciones

El reciente Reglamento de la Ley de Hidrocarburos aprobado por el Gobierno de México ha generado una ola de controversias en el sector energético, especialmente entre las empresas privadas que participan en la exploración y producción de petróleo y gas. Diversos analistas y juristas califican las disposiciones como una forma de “expropiaciones encubiertas”, que podrían alterar la seguridad jurídica y desalentar nuevas inversiones en el país.

Según un análisis publicado por El Sol de México bajo el título “Aguas profundas / Las nuevas expropiaciones petroleras”, el reglamento otorga al Estado mayores facultades para intervenir, suspender o revocar permisos de operación de empresas privadas bajo criterios discrecionales, incluyendo supuestos tan amplios como “interés público” o “seguridad nacional”.

Pemex, el gran beneficiario

Los cambios normativos coinciden con una estrategia gubernamental más amplia para fortalecer la posición de Petróleos Mexicanos (Pemex) como actor dominante en el mercado energético.

Bajo el nuevo esquema, Pemex podría recibir beneficios indirectos, como la posibilidad de retomar proyectos previamente licitados a empresas privadas en caso de incumplimiento o retiro de permisos.

Fuentes consultadas por OEM sostienen que esta política responde a la visión del Ejecutivo de consolidar la soberanía energética, aun cuando ello implique reducir la competencia o modificar reglas establecidas en la reforma energética de 2013.

Reacciones internacionales y preocupación del sector privado

Empresas estadounidenses, canadienses y europeas con operaciones en el Golfo de México han expresado su preocupación a través de sus embajadas y cámaras empresariales. La American Petroleum Institute (API) y la Canadian Energy Chamber han advertido que la incertidumbre regulatoria mexicana podría impactar la confianza inversora y los compromisos comerciales contemplados en el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá).

Asimismo, firmas como Repsol, Chevron y Shell, que mantienen proyectos de exploración en aguas someras y profundas, han solicitado claridad sobre los mecanismos de apelación y los criterios para la revocación de contratos.

Impacto económico y perspectivas

Analistas de Bloomberg y Oxford Institute for Energy Studies coinciden en que la medida podría ralentizar el flujo de inversión extranjera directa (IED) hacia el sector energético mexicano, que ya venía en descenso desde 2022.

La consultora Energy21 estima que México podría perder entre 3.000 y 5.000 millones de dólares anuales en capital privado si no se restablece la certidumbre jurídica para los operadores internacionales.

Sin embargo, el Gobierno defiende la normativa, afirmando que busca proteger los recursos estratégicos del país y garantizar que las empresas privadas cumplan con estándares ambientales, fiscales y técnicos adecuados.

 Conclusión

El nuevo Reglamento de Hidrocarburos coloca nuevamente a México en el centro del debate energético latinoamericano: ¿es una medida de soberanía y control nacional, o una regresión que limita la apertura del sector?

Mientras los defensores del cambio celebran un “retorno a la rectoría del Estado”, las voces críticas advierten que la línea entre regulación y expropiación se está volviendo peligrosamente difusa, lo que podría tener consecuencias profundas para el futuro del petróleo mexicano y su inserción en los mercados globales.