Los trabajadores de la empresa estatal Petro-Perú han anunciado una huelga nacional de 72 horas a partir del 19 de enero de 2026, en protesta contra lo que consideran una crisis interna de la compañía y presuntas políticas que podrían conducir a una “privatización encubierta” de la petrolera peruana. Además de la paralización, los sindicatos han exigido la renuncia de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, a quien señalan como principal responsable de la situación actual en la empresa.
La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú, liderada por Rafael Noblecilla, declaró que la huelga busca presionar al Gobierno para que retire las medidas que, según ellos, deterioran la operación de Petro-Perú y ponen en riesgo la estabilidad laboral de sus empleados. El sindicato también afirma que hay una falta de respaldo financiero estatal que impide que la empresa pueda operar de manera eficiente.
Los trabajadores denuncian que recientes decretos de urgencia aprobados por el Ejecutivo han generado incertidumbre sobre el futuro de la petrolera estatal, incluyendo la posibilidad de reducciones de personal y la entrada de capital privado, lo que para los sindicatos equivale a una forma de privatización encubierta.
La huelga iniciará a las 00:00 horas del lunes 19 de enero y se extenderá por 72 horas, con movilizaciones previstas en distintas regiones del país, especialmente en Lima, donde se espera que los trabajadores marchen hacia sedes gubernamentales como el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso de la República.
Además de la huelga misma, los sindicatos han planteado concentraciones y protestas previas en puntos estratégicos, incluidas las instalaciones principales de Petro-Perú, con el objetivo de visibilizar sus demandas y presionar al Gobierno para que inicie un diálogo directo con los trabajadores.
Los dirigentes sindicales han sido enfáticos al asegurar que las medidas adoptadas por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas representan un intento de fragmentar la empresa y facilitar su entrada al capital privado. Según estos representantes, esto podría debilitar la soberanía energética del país y poner en riesgo la gestión de activos estratégicos.
El sindicato también ha criticado la falta de diálogo de parte de las autoridades, indicando que ni la ministra de Economía ni el ministro de Energía y Minas acudieron a las citaciones del Congreso para explicar las medidas adoptadas, lo que ha generado aún más descontento entre los trabajadores.
El Gobierno, por su parte, ha sostenido que las decisiones tomadas buscan reformar y fortalecer la gestión de Petro-Perú, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera y operativa de la empresa estatal. Funcionarios oficiales han argumentado que la participación de capital privado podría ser una herramienta para modernizar instalaciones y mejorar la capacidad de refinación en un sector que enfrenta desafíos estructurales.
Es importante señalar que, en el pasado, el Ministerio de Trabajo ha declarado improcedentes algunas huelgas convocadas por sindicatos de Petro-Perú por razones formales relacionadas con requisitos legales, aunque en el caso actual los sindicatos aseguran que están trabajando para cumplir con los plazos y reglamentos necesarios para hacer efectiva la paralización.
Una huelga de trabajadores en Petro-Perú puede tener consecuencias significativas en la producción, distribución y suministro de combustibles en el país, dado que la empresa juega un papel central en la infraestructura energética y abastecimiento nacional. Las posibles interrupciones en operaciones podrían afectar desde la distribución de gasolinas hasta el transporte y actividades industriales que dependen del suministro de hidrocarburos.
Además, en un contexto donde la reestructuración de la empresa y la posible participación de inversores privados están en debate, esta protesta sindical también podría influir en la percepción de inversionistas sobre la estabilidad del sector energético peruano.
Los trabajadores han llamado al Gobierno a abrir canales de diálogo para discutir sus puntos de vista y llegar a acuerdos que eviten la paralización. Sin embargo, hasta el momento de redactar esta nota, no se ha confirmado una reunión formal entre los ministros involucrados y los representantes sindicales, lo que mantiene en suspenso el desarrollo de las negociaciones.