La bomba de tiempo energética que heredará el próximo gobierno del Perú

La crisis de marzo: el ensayo general

El 1 de marzo de 2026, la ruptura del ducto que transporta el gas natural de Camisea dejó sin suministro a buena parte del país durante casi dos semanas. El desabastecimiento afectó a la mayor parte de Lima Metropolitana, que depende del gas para una porción enorme de su consumo, y obligó al Gobierno a declarar el estado de emergencia.

El golpe no fue menor. El Banco Central de Reserva estimó que la crisis le restó alrededor de 0,1 puntos al crecimiento del PBI de 2026, unos S/1.200 millones. Y el sector eléctrico fue de los más golpeados: como cerca del 35% de la electricidad nacional se genera con gas de Camisea, la interrupción obligó a encender las "centrales de reserva fría" que funcionan con diésel, mucho más caro, disparando el costo de producir electricidad. Algunos cálculos del sector estimaron pérdidas de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares por apenas dos semanas, y solo con Lima afectada.

La lección fue clara y es la que define toda la agenda pendiente: el Perú depende demasiado de un solo recurso que viaja por un solo ducto. Cualquier falla en ese punto se convierte en un riesgo nacional.

El reloj de Camisea: diez años y contando

Pero la crisis de marzo fue solo un susto pasajero comparado con el problema de fondo. Y es el que el próximo gobierno no podrá ignorar: las reservas de Camisea alcanzan para alrededor de diez años.

El dato lo han puesto sobre la mesa exministros y exviceministros del sector, y la conclusión es unánime: si el Perú no encuentra nuevas reservas antes de que se agoten las actuales, tendrá que importar gas. ¿El problema? El gas importado puede costar hasta quince veces más que el precio interno actual. Eso significaría que la tarifa eléctrica peruana —artificialmente baja gracias al gas barato de Camisea— empezaría a subir de forma sostenida.

Conviene dimensionar lo que está en juego, porque Camisea no es solo electricidad. El gas natural mueve entre 500.000 y 600.000 vehículos en Lima (taxis, buses y camiones), abastece a millones de hogares y sostiene a más de cien mil empresas. Según estimaciones del sector, su adopción entre 2004 y 2024 le habría ahorrado al país cientos de miles de millones de soles al reemplazar combustibles más caros. Si el gas se encarece, ese ahorro se revierte: sube el transporte, sube la industria y sube, en cascada, el precio de casi todo.

Los frentes que el nuevo gobierno deberá atender desde el día uno

Los especialistas coinciden en que el próximo gobierno tendrá una sola oportunidad y deberá actuar en varios frentes a la vez. Estos son los principales:

Asegurar nuevas reservas de gas. Es la urgencia número uno. Sin nuevas exploraciones en los lotes de Camisea (56 y 57) y en otras cuencas, el reloj de los diez años corre sin pausa. El problema es que la inversión en hidrocarburos perdió prioridad en la última década: el país atravesó un ciclo de precios altos sin traducirlo en nueva exploración.

Decidir sobre la exportación de gas. El contrato de exportación de Perú LNG vence en 2028, y será una de las primeras papas calientes. Varios expertos advierten que renovarlo con las reservas actuales sería, en la práctica, hipotecar el mercado interno para favorecer la exportación. Es una decisión política de fondo: ¿el gas peruano es primero para los peruanos o para el mercado externo?

Construir redundancia en la infraestructura. La crisis de marzo demostró que depender de un único ducto es insostenible. Sobre la mesa están una planta regasificadora con almacenamiento (para tener una reserva de varios días) y un gasoducto alternativo, el viejo y nunca concretado proyecto del gasoducto sur. Son obras costosas, pero la emergencia mostró que no son opcionales.

Ordenar la transición a renovables. El Perú tiene un enorme potencial solar y eólico, pero su integración genera tensiones. Hay un debate técnico abierto sobre cómo incorporar estas fuentes intermitentes sin comprometer la estabilidad del sistema, y una disputa regulatoria entre los gremios de generación térmica y los promotores de renovables. La experiencia de otros países muestra que una transición desordenada genera sobrecostos y hasta apagones.

Fortalecer las instituciones del sector. Quizás lo menos vistoso, pero lo más decisivo. Los analistas insisten en que el Ministerio de Energía y Minas, Osinergmin y Perupetro necesitan recuperar un rol técnico, predecible y planificador, capaz de atraer inversión. Buena parte del problema actual no es de recursos, sino de gestión, permisos lentos y reglas inestables agravadas por años de rotación política.

El telón de fondo: una decisión política, no solo técnica

Aquí aparece la verdadera incógnita, y es por qué el resultado electoral importa tanto para este sector. La solución de fondo —atraer inversión privada masiva para explorar y construir infraestructura— exige reglas estables y un Estado promotor. Pero en la campaña de 2026 hubo planes de gobierno que proponían justamente lo contrario: una mayor intervención estatal directa en los hidrocarburos, vía nacionalizaciones o cambios constitucionales.

Esa tensión —entre quienes ven la salida en la inversión privada y quienes la ven en un Estado más protagonista— marcará el rumbo energético del próximo quinquenio. Y no es un debate menor: de cómo se resuelva dependerá si en 2030 los peruanos siguen pagando una de las tarifas eléctricas más bajas de la región o si empiezan a sentir, en el recibo de la luz y en el precio del transporte, el fin de la era del gas barato.

La síntesis

El próximo gobierno no recibirá un sector en colapso —el sistema funciona y, comparado con la región, es relativamente limpio y barato—. Pero sí recibirá una bomba de tiempo con la mecha encendida: una dependencia excesiva de Camisea, reservas que se agotan en una década, una infraestructura sin respaldo y una transición pendiente. La crisis de marzo fue la advertencia. Lo que venga después dependerá de si el nuevo Gobierno trata la energía como la urgencia estructural que es, o como un problema que se le deja al siguiente.