Alerta económica: Goldman Sachs prevé crecimiento de apenas 1,7 % para Ecuador en 2025 sin impulso petrolero

Un reciente análisis de Goldman Sachs proyecta que la economía de Ecuador crecerá solo un 1,7 % en 2025, debido a la débil producción petrolera, cierres en campos estratégicos como ITT y precios del crudo por debajo de lo previsto. La falta de ingresos petroleros genera mayor endeudamiento fiscal y presión tributaria. Para fomentar un crecimiento sostenible, se requiere reactivar el sector energético mediante inversiones, estabilidad jurídica y eficiencia operativa.

Ecuador enfrenta un horizonte económico desafiante en 2025. Según Goldman Sachs, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se ubicará en un modesto 1,7 %, una cifra que contrasta con las metas oficiales que oscilan entre el 2,5 y el 2,8 %. En un país donde el petróleo representa un componente clave de las finanzas públicas, esta estimación genera alarma en los sectores productivos y gubernamentales. El informe de Goldman Sachs, basado en un análisis técnico de las condiciones internas y externas, advierte que sin un sector petrolero fuerte, será casi imposible sostener un crecimiento económico estable.

Causas del estancamiento económico

La piedra angular de la alerta económica es la caída en la producción petrolera. El cierre progresivo del bloque ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní, ha reducido en al menos un 10 % la capacidad productiva del país. Esta decisión, de carácter ambiental, ha generado consecuencias financieras significativas. La menor producción limita la capacidad de exportación de crudo, disminuyendo así los ingresos fiscales y comerciales.

A esta situación se suma la baja en los precios internacionales del crudo. Si bien los precios del WTI han registrado ciertos repuntes, se mantienen por debajo del estimado oficial de USD 63,7 por barril. Esto agrava aún más el escenario fiscal, ya que el presupuesto general del Estado se construyó sobre una proyección optimista. Con precios reales por debajo de los proyectados, se genera una brecha de financiamiento que obliga al Estado a recurrir a más endeudamiento o a ajustes fiscales.

Otro factor determinante es el incremento en las importaciones de derivados. Debido a la caída de la producción nacional, Ecuador se ha visto obligado a importar más combustibles para abastecer el mercado interno. Esta situación genera un doble impacto: por un lado, se reduce el ingreso por exportaciones netas, y por otro, se incrementa el gasto en divisas para las importaciones, lo que afecta la balanza comercial energética.

Impacto fiscal y social

El efecto inmediato de una menor producción y precio del petróleo es la reducción del ingreso público. El petróleo ha representado históricamente cerca del 30 % de los ingresos del Presupuesto General del Estado. Con la caída de este aporte, el gobierno ha tenido que impulsar reformas tributarias para compensar el déficit. En lo que va del actual mandato presidencial, ya se han aprobado dos reformas, incluyendo un aumento del IVA.

Este tipo de medidas genera presión adicional sobre los ciudadanos y las empresas. Desde 2014, Ecuador ha implementado casi veinte reformas fiscales. La constante modificación del régimen tributario desincentiva la inversión, afecta el consumo y genera incertidumbre en los agentes económicos. A esto se suma el encarecimiento del costo de vida, producto de la inflación importada y el aumento de impuestos.

Además, el riesgo país se ha incrementado, superando los 1.000 puntos. Esto dificulta aún más el acceso al financiamiento internacional y encarece el servicio de la deuda. El país necesita atraer inversión para dinamizar su economía, pero con un riesgo país tan elevado, muchos capitales optan por destinos más estables y previsibles.

Contexto internacional y comparativo

La situación ecuatoriana no puede analizarse de forma aislada. A nivel regional, el Fondo Monetario Internacional también proyecta un crecimiento de apenas 1,7 % para Ecuador en 2025. Solo Bolivia tendría un desempeño inferior en Sudamérica. Esta coincidencia con Goldman Sachs refuerza la gravedad del escenario. El FMI señala que la contracción del 2 % registrada en 2024, sumada a la debilidad fiscal y energética, reduce la capacidad de recuperación del país.

Por su parte, el Banco Central del Ecuador mantiene una previsión más optimista, estimando un crecimiento de hasta 2,8 %. Esta proyección parte del supuesto de una recuperación progresiva del consumo interno, una mejora en las exportaciones no petroleras y una mayor inversión pública. Sin embargo, dicha proyección se basa en supuestos que podrían no cumplirse si persisten los problemas estructurales en el sector petrolero.

Esta discrepancia entre proyecciones oficiales y externas genera incertidumbre en los mercados y en los actores económicos. Mientras el gobierno transmite señales de optimismo, organismos internacionales alertan sobre un escenario restrictivo. La credibilidad de las proyecciones oficiales se debilita si no se sustentan en políticas concretas que impulsen el crecimiento de manera sostenible.

Repercusiones sectoriales

El sector energético enfrenta desafíos críticos. La falta de inversión en exploración, mantenimiento y expansión de infraestructura ha deteriorado la capacidad operativa. Proyectos como el ITT, que podrían generar ingresos importantes, han sido paralizados por decisiones políticas sin un plan alternativo de reemplazo. Para revertir esta situación, se requiere una estrategia integral que combine sostenibilidad ambiental con rentabilidad económica.

Más allá del petróleo, otros sectores también acusan el golpe. La construcción, por ejemplo, ha reducido su actividad ante el menor dinamismo económico. El turismo, otro de los sectores estratégicos, aún no se recupera plenamente de los efectos de la pandemia y la inseguridad. La refinación y la industria también reportan menor actividad debido al encarecimiento de los insumos y la caída en la demanda.

En contraste, hay sectores que han mostrado resiliencia. La pesca, la agroindustria y la producción de alimentos mantienen un desempeño aceptable. Sin embargo, su capacidad de generar divisas es limitada frente a lo que representa el petróleo. Por ello, se requiere una política de impulso productivo y exportador, especialmente en bienes con valor agregado.

Recomendaciones estratégicas

Uno de los elementos clave es la atracción de inversión privada. Para lograrlo, es necesario ofrecer un entorno predecible y estable. La seguridad jurídica, la transparencia en los contratos y la agilidad en los procesos regulatorios son condiciones indispensables. Además, se debe fortalecer la institucionalidad de los organismos encargados del control ambiental y la consulta previa, para evitar bloqueos innecesarios.

Otra medida urgente es la revisión del esquema de subsidios. Aunque estos representan un alivio para las familias, su costo fiscal es insostenible a mediano plazo. Se requiere una política de focalización que permita mantener los subsidios para los más vulnerables, mientras se eliminan los beneficios regresivos que favorecen a sectores con mayor capacidad económica.

La diversificación económica también debe ser una prioridad. El país no puede seguir dependiendo exclusivamente del petróleo. Sectores como la minería responsable, las energías renovables, el turismo sostenible y la tecnología ofrecen oportunidades para generar empleo y divisas. La inversión en educación, ciencia y tecnología es fundamental para sostener esta transformación productiva.

Retos políticos y sociales

El avance de estas estrategias requiere una amplia concertación entre actores políticos, sociales y económicos. El diálogo debe reemplazar al enfrentamiento. Las decisiones sobre el uso de los recursos naturales deben contar con participación informada de las comunidades, pero también con criterios técnicos y económicos. La polarización política dificulta la adopción de reformas estructurales necesarias.

La transparencia en la gestión pública es otro aspecto central. La ciudadanía exige cuentas claras sobre el uso de los recursos públicos, especialmente en el ámbito energético, donde han existido casos de corrupción. La contratación transparente, la rendición de cuentas y el monitoreo ciudadano son herramientas clave para recuperar la confianza en las instituciones.

La estabilidad política también influye en la economía. Gobiernos débiles o con escaso respaldo legislativo enfrentan mayores dificultades para aprobar reformas y atraer inversiones. La gobernabilidad es, por tanto, un requisito fundamental para la recuperación económica.

Proyección para los próximos años

Goldman Sachs proyecta una leve recuperación en 2026, con un crecimiento estimado de 2 %, si se estabiliza la producción petrolera y se fortalecen las finanzas públicas. El FMI también prevé una mejora hacia 2026, con un crecimiento del 2,1 %, condicionado a la implementación de reformas estructurales. Estas cifras muestran que hay margen para la mejora, pero solo si se adoptan medidas concretas desde ahora.

El gobierno, por su parte, apuesta por una recuperación más acelerada, en función del aumento de la inversión pública y del acceso a nuevos financiamientos multilaterales. Sin embargo, estas proyecciones dependen de la ejecución efectiva del presupuesto, la capacidad de gestión y el contexto externo, incluyendo los precios internacionales del petróleo y la estabilidad regional.

La ciudadanía, en tanto, demanda resultados tangibles. Más allá de las cifras macroeconómicas, la prioridad es mejorar el empleo, los ingresos y la calidad de vida. Solo una economía sólida podrá garantizar sostenibilidad fiscal, equidad social y desarrollo inclusivo.

Conclusión

Ecuador atraviesa un momento decisivo. La proyección de crecimiento de solo 1,7 % en 2025, advertida por Goldman Sachs, es una señal de alerta sobre la fragilidad de la economía nacional sin un sector petrolero robusto. Si bien hay factores externos que escapan al control del gobierno, existen decisiones internas que pueden marcar la diferencia. Fortalecer la producción energética, racionalizar el gasto público, atraer inversión y diversificar la economía son tareas urgentes. El futuro del país depende de su capacidad para reaccionar con responsabilidad, transparencia y visión de largo plazo.