Ecuador enfrenta bloqueos viales en varias provincias tras la eliminación del subsidio al diésel, que subió de USD 1,80 a USD 2,80 por galón. Las protestas se concentran en Imbabura, Pichincha y Cotopaxi, con cierres en vías clave como la Panamericana Norte y Quito–Guayllabamba. La sede del Ejecutivo en Latacunga fue militarizada ante posibles enfrentamientos, evocando crisis anteriores en 2019 y 2022. El gobierno de Daniel Noboa defiende la medida como parte de un plan fiscal, pero sectores sociales la rechazan por su impacto en el costo de vida. Organizaciones exigen diálogo inmediato y advierten que las movilizaciones podrían intensificarse si no hay respuesta oficial. El país vive una jornada de tensión, paralización del transporte y creciente incertidumbre política y social.
Fecha:Tuesday 23 Sep de 2025
Gestor:ESCUELA ESGEP
El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 reportó cierres totales en tramos clave de la red vial. En Imbabura, se bloquearon las vías Otavalo–Cotacachi, Ibarra–Imbaya–Urcuquí, Otavalo–Quiroga y Otavalo–Cajas. En Pichincha, la Panamericana Norte fue interrumpida en puntos estratégicos como la Bola de Guachalá, Santa María del Milán y Otón. También se registraron bloqueos en la vía Quito–Guayllabamba, afectando la conectividad con la Sierra norte.
La sede temporal del Ejecutivo, ubicada en Latacunga (Cotopaxi), fue completamente militarizada ante el riesgo de enfrentamientos. Las imágenes de militares custodiando edificios públicos evocan momentos críticos de protestas pasadas.
Aunque los bloqueos más visibles se concentran en el norte, otras regiones como la Sierra centro-sur, la Amazonía y la Costa también enfrentan interrupciones viales, aunque en muchos casos por causas naturales como deslizamientos, hundimientos y socavones.
La decisión de eliminar el subsidio al diésel revive episodios como el levantamiento de octubre de 2019 y las protestas de junio de 2022, cuando medidas similares provocaron movilizaciones masivas, enfrentamientos violentos y negociaciones tensas con organizaciones sociales e indígenas.
El presidente Daniel Noboa ha defendido la medida como parte de un plan de estabilización fiscal, pero diversos sectores sociales, transportistas y comunidades rurales la consideran un golpe directo al costo de vida. La falta de un plan de compensación o diálogo previo ha sido duramente criticada por líderes comunitarios y analistas políticos.
Organizaciones sociales exigen la reversión del decreto y advierten que las movilizaciones podrían escalar si no se instala una mesa de diálogo inmediata. Mientras tanto, el país enfrenta una jornada marcada por la incertidumbre, la paralización del transporte y el temor a una nueva crisis nacional.