En abril de 2025, una nueva ola de tensiones entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la empresa estadounidense Chevron ha provocado un giro significativo en las operaciones de transporte de petróleo entre ambos países. Ante la cancelación de permisos de carga por parte de PDVSA, varios buques fletados por Chevron han quedado temporalmente sin destino definido, viéndose obligados a redirigirse hacia otras zonas del Caribe y América para encontrar nuevos contratos o funciones logísticas.
Este episodio refleja el deterioro de las relaciones operativas entre la estatal venezolana y la petrolera estadounidense, así como los crecientes efectos colaterales de las sanciones impuestas por Estados Unidos, el vencimiento de licencias especiales y la compleja situación financiera del régimen de Nicolás Maduro.
Chevron ha sido durante décadas uno de los principales actores extranjeros en la industria petrolera venezolana. A diferencia de otras compañías estadounidenses que se retiraron del país tras la nacionalización de activos en los años 2000, Chevron optó por mantener su presencia mediante empresas mixtas con PDVSA, como Petroboscán y Petroindependencia, participando en la producción, operación y comercialización de crudo.
Sin embargo, las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. desde 2019, a raíz de las denuncias de fraude electoral y violaciones de derechos humanos en Venezuela, limitaron severamente el margen de operación de las empresas estadounidenses en el país. En este contexto, Chevron operó bajo una licencia especial que le permitía exportar petróleo venezolano a cambio de reducción de deuda y servicios logísticos.
Dicha licencia, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), tiene como fecha de vencimiento el 27 de mayo de 2025, y ha sido objeto de múltiples renovaciones y condiciones técnicas.
Durante la tercera semana de abril de 2025, PDVSA canceló múltiples permisos de carga que ya habían sido autorizados a Chevron. La decisión vino acompañada de una solicitud de “reversión logística”, es decir, el retorno de los cargamentos de crudo que ya se encontraban preparados para ser embarcados. Según fuentes del sector, al menos seis buques tanque que habían sido fletados por Chevron quedaron varados en puertos del Caribe o en tránsito, sin poder completar sus rutas.
Las razones detrás de esta cancelación incluyen:
Retrasos en pagos o ajustes contractuales, relacionados con las restricciones impuestas por las sanciones.
Presiones políticas internas en Venezuela, donde el gobierno busca mayor control sobre las exportaciones ante la expiración de las licencias.
Cambios en las condiciones del intercambio de crudo, ya que PDVSA ha comenzado a priorizar contratos con empresas de India, China y otros países sin restricciones.
La consecuencia inmediata ha sido una desorganización logística para Chevron, que se ha visto obligada a buscar nuevos destinos comerciales o de almacenamiento temporal para los buques involucrados.
Esta situación representa un golpe tanto económico como reputacional para Chevron, una empresa que había logrado mantener una presencia estratégica en Venezuela incluso en los momentos más difíciles. Las implicancias son múltiples:
Pérdidas logísticas y operativas, debido al tiempo improductivo de los buques, penalidades contractuales y costos adicionales de redireccionamiento.
Incertidumbre para futuros cargamentos, incluso si las licencias son renovadas, debido a la pérdida de confianza en la viabilidad operativa dentro de Venezuela.
Desvío de flujos de crudo hacia otras regiones, lo que podría alterar temporalmente el suministro en refinerías del Golfo de México que procesaban petróleo venezolano.
Además, el mercado internacional ha recibido estas noticias con atención, ya que la inestabilidad venezolana continúa afectando los volúmenes globales de crudo pesado, una categoría que es fundamental para muchas refinerías de Estados Unidos y Asia.
Desde Caracas, la narrativa oficial ha sido ambivalente. Por un lado, se busca mantener los ingresos por exportaciones en medio de la fragilidad económica del país. Por otro, el gobierno de Nicolás Maduro intenta diversificar mercados y depender menos de actores estadounidenses ante la inminente expiración de licencias.
En este marco, PDVSA ha impulsado la exportación del nuevo crudo Blend 22, una mezcla de calidad mediana y azufre agrio, dirigida a refinerías asiáticas. Esta estrategia busca reemplazar parcialmente las exportaciones hacia Estados Unidos y Europa, bajo contratos más flexibles con países que no se rigen por las sanciones occidentales.
Aunque Chevron ha manifestado su voluntad de seguir operando en Venezuela bajo términos legales, la compañía se encuentra en una encrucijada:
Si EE. UU. no renueva la licencia OFAC, la empresa deberá suspender todas sus actividades comerciales en el país.
Si la licencia se renueva, pero PDVSA continúa incumpliendo condiciones operativas, la sostenibilidad del negocio se verá comprometida.
Por ahora, Chevron mantiene su infraestructura en el país y ha redirigido sus buques a puertos de tránsito como Curazao y Jamaica, donde espera instrucciones para reexportar los cargamentos o asignarlos a otros destinos comerciales.
La decisión de PDVSA de cancelar los cargamentos de Chevron marca un nuevo episodio en la compleja relación entre la industria petrolera venezolana y las grandes multinacionales occidentales. Este episodio revela no solo las fricciones internas del gobierno venezolano, sino también la fragilidad de las licencias temporales y la dificultad de operar en un entorno geopolítico hostil.
Para Chevron, la búsqueda de nuevos destinos para sus buques refleja un esfuerzo por adaptarse rápidamente, proteger activos y reducir pérdidas. Pero también plantea preguntas sobre la viabilidad de mantener operaciones sostenibles en un país donde las reglas del juego cambian con frecuencia, y donde la política sigue imponiéndose a la economía.