El alza del diésel sacude a Ecuador: bloqueos, tensión social y alerta energética

Ecuador eliminó el subsidio al diésel mediante el Decreto Ejecutivo 126, fijando el precio en $2,80 por galón hasta diciembre, lo que provocó protestas y bloqueos en provincias clave como Carchi y Santo Domingo. El alza afecta al transporte, la industria petrolera y sectores agrícolas y pesqueros, elevando costos operativos y reduciendo márgenes. Petroecuador advierte sobre la necesidad de revisar contratos logísticos. Gremios como la CNT exigen compensaciones y diálogo técnico urgente. El gobierno estima un ahorro fiscal de $600 millones anuales, destinado a programas sociales. Expertos piden una transición energética gradual y equitativa.

Ecuador vive una semana de tensión por el alza del diésel: protestas, bloqueos y preocupación en el sector energético

Ecuador atraviesa una semana marcada por la tensión social y económica tras el anuncio oficial del presidente Daniel Noboa sobre la eliminación del subsidio al diésel. La medida, formalizada mediante el Decreto Ejecutivo 126, establece un precio fijo de $2,80 por galón hasta diciembre, seguido por un esquema de bandas mensuales que ajustará el valor según el mercado internacional. Esta decisión ha generado una ola de protestas en varias provincias, especialmente entre transportistas, trabajadores del sector energético y productores agrícolas.

Desde el lunes, se han registrado bloqueos viales en zonas estratégicas como la Panamericana Sur, Santo Domingo, Carchi y Mejía, afectando la movilidad de mercancías, el transporte de crudo y la operación de empresas vinculadas a la cadena energética. Aunque algunos gremios han suspendido temporalmente el paro, las manifestaciones continúan y se intensifican en regiones donde el diésel representa un insumo esencial para la actividad económica.

Impacto directo en el sector energético y productivo

El alza del diésel ha encendido las alarmas en el sector petrolero, donde el combustible es clave para el transporte de maquinaria, personal y crudo desde zonas de extracción. Empresas como Petroecuador han advertido sobre el aumento de costos operativos y la necesidad de revisar contratos logísticos. Además, el sector agrícola y pesquero, altamente dependiente del diésel, enfrenta una posible reducción en márgenes de rentabilidad, lo que podría traducirse en alzas de precios al consumidor.

Transportistas de carga pesada y cooperativas de buses interprovinciales han expresado su rechazo a la medida, señalando que no se han ofrecido mecanismos de compensación ni incentivos fiscales para mitigar el impacto. La Confederación Nacional de Transportistas del Ecuador (CNT) ha solicitado una mesa técnica urgente con el Ministerio de Energía y Minas para revisar el esquema de bandas y proponer alternativas sostenibles.

Reacciones políticas y sociales

Diversos sectores políticos han cuestionado la forma en que se implementó la medida, señalando que no hubo suficiente diálogo previo con los actores afectados. Organizaciones sociales y sindicatos han convocado a nuevas movilizaciones en Quito y Guayaquil, exigiendo transparencia en el uso de los recursos que se liberarán tras la eliminación del subsidio.

Por su parte, el gobierno ha defendido la decisión como parte de una estrategia para reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia del gasto público. Según estimaciones oficiales, el retiro del subsidio al diésel permitirá ahorrar más de $600 millones anuales, recursos que se destinarían a programas sociales y obras de infraestructura.

Camino hacia una transición energética

Ecuador atraviesa una semana de alta tensión tras la eliminación del subsidio al diésel, medida que ha desencadenado protestas y bloqueos en varias provincias. El nuevo precio de $2,80 por galón ha impactado directamente al transporte, la industria petrolera y sectores productivos como el agrícola y pesquero. Empresas como Petroecuador advierten sobre el aumento de costos operativos y la necesidad de revisar contratos logísticos. Gremios de transportistas exigen compensaciones y diálogo técnico urgente con el gobierno. Mientras tanto, organizaciones sociales cuestionan la falta de consenso previo y convocan nuevas movilizaciones. El Ejecutivo defiende la medida como parte de una estrategia fiscal, aunque expertos piden una transición energética más gradual y equitativa.

Analistas del sector energético señalan que esta medida podría ser el primer paso hacia una reconfiguración de la matriz energética nacional, con mayor énfasis en combustibles alternativos y eficiencia operativa. Sin embargo, advierten que cualquier transición debe ser gradual, técnica y acompañada de políticas públicas que protejan a los sectores más vulnerables.