Incertidumbre le pasa factura al sector energético

Los cambios regulatorios y los mensajes gubernamentales lo están afectando. Expertos señalan la importancia de señales claras y analizar el impacto a largo plazo de las medidas que impulsa el Gobierno.

Un elemento que ha caracterizado al gobierno del presidente Gustavo Petro es la volatilidad de sus anuncios: un mensaje en redes sociales, una propuesta en plaza pública o un decreto han sido suficientes para sacudir a más de un sector y uno de los más expuestos ha sido el energético. 

En los últimos meses, el sector ha estado atento a los movimientos del Gobierno, que ha tomado medidas para regular la bolsa de energía, un mecanismo con el que cuenta el mercado energético para definir el costo de la energía por hora. En noviembre se publicó una resolución que fija un tope tarifario a los precios de la electricidad que se negocian en la bolsa del mercado de energía colombiano y este año se avanzó en otra normativa que limita la cantidad de energía que los generadores pueden vender en la bolsa. 

Estas dos regulaciones se suman a otras medidas que ha tomado el presidente en los últimos dos años. Durante meses, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) estuvo parcialmente inactiva porque el mandatario dejó pasar meses sin nombrar a los expertos comisionados, lo que le impedía sesionar. Además, a principios de 2023 Petro asumió las funciones de la Creg, pero luego el Consejo de Estado tumbó esa decisión. 

En varias oportunidades, el mandatario también ha insistido en su intención de reformar la ley de servicios públicos y en tomar medidas para que los precios bajen. 

Todo eso se suma a la política del presidente de no firmar más contratos para la exploración de hidrocarburos, y la mayor carga de tributos que ha impuesto el Gobierno sobre actividades extractivas como el petróleo y carbón por medio de la reforma tributaria que se aprobó en 2022 y también con los impuestos para el Catatumbo en el marco del estado de conmoción interior. 

Decisiones políticas afectan la confianza 

Estos mensajes han tocado al sector y estarían afectando el ánimo de los inversionistas. En su informe de balance 2024 y perspectivas 2025, la Asociación de Empresarios de Colombia (Andi) señaló el alto nivel de incertidumbre que enfrenta el sector minero energético en general.  

“La no adjudicación de nuevos contratos de exploración y la decisión de no continuar con los proyectos de investigación de no convencionales, sumado a los problemas de trámites, licencias y bloqueos, han acelerado la incertidumbre en la confiabilidad en el abastecimiento para 2025 que debe apoyarse en la importación de gas natural”, indica el informe. 

La Andi advirtió que para 2026 es necesario garantizar nuevas ofertas del energético, pues “de lo contrario la importación no solo será requerida por la confiabilidad, sino también para el abastecimiento normal del suministro”. 

Con relación al sistema eléctrico, también hizo un llamado a reducir la incertidumbre para poder incrementar la oferta y contar con precios competitivos. El gremio cuestionó que el Gobierno está implementando techos a los precios de oferta en el mercado de energía, de acuerdo con la tecnología de las plantas de generación, “lo cual afectará negativamente la percepción de riesgo de los inversionistas”, según la Andi. 

El lío de plata con los distribuidores de energía

A todo esto, se suma otro problema: una deuda de más de 7 billones de pesos que hoy tiene la Nación con los distribuidores de energía. De esa deuda, al menos 2,7 billones se deben a demoras en los pagos en subsidios que tiene que reconocer el Gobierno a estos operadores por el pago de subsidios a usuarios de estratos 1, 2 y 3 en el país, a quienes se les subsidia respectivamente el 60, 50 y 15 por ciento de la factura de la electricidad. 

Álvaro José Rodríguez, socio de la firma Posse Herrera Ruiz, considera que los cambios regulatorios y propuestas del Gobierno en general han tenido un impacto desfavorable en el sector energético, creando incertidumbre y ralentizando su desarrollo. 

“Decisiones políticas como el apagón financiero a los comercializadores, la interinidad en la Creg y la oposición a los combustibles fósiles generan inestabilidad cuando lo que más se requiere es lo contrario: seguridad jurídica y confianza para promover inversiones que garanticen la seguridad energética a precios justos”, dice el abogado. 

Rodríguez también se refirió a la reciente intervención en los precios de la bolsa de energía mediante la fijación de techos. Reconoce que, si bien se pretende controlar las tarifas, genera grandes distorsiones en el mercado sin que haya claridad sobre si va a lograr los objetivos propuestos.  

Estas medidas están afectando incluso a sectores que el Gobierno quiere promover, como el de las energías renovables. La Asociación de Energías Renovables de Colombia (Ser Colombia), ha dicho que limitar el porcentaje de energía que pueden vender los generadores en la bolsa del 20 al 5 por ciento, “es una camisa de fuerza que aumenta el riesgo de las empresas que contratan a largo plazo” porque estas intervenciones no responden a la realidad de los proyectos y limitan su viabilidad económica. 

Por eso Laura Torres, asociada de la firma Baker McKenzie, menciona que los cambios regulatorios deben ser planeados, preferiblemente a largo plazo, y deben buscar a la larga lograr los objetivos que se proponen desde la política pública. 

“Los diversos cambios regulatorios en el corto plazo causan la necesidad de replantear proyectos y estrategias, incluso, poniendo en riesgo el desarrollo de los proyectos que se requieren para abastecer a la demanda de energía eléctrica, gas y otros combustibles”, señala la experta.

Torres destaca además que el sector energético colombiano está altamente regulado y, por esto, todos los proyectos del sector energético se diseñan y financian para cumplir las obligaciones regulatorias y con base en las expectativas de remuneración que cada actividad conlleva.