Colombia, históricamente reconocida como un actor importante en la producción de petróleo en América Latina, está experimentando un cambio significativo en su enfoque hacia la exploración y explotación de hidrocarburos. En los últimos años, el país ha reducido considerablemente la búsqueda de nuevos yacimientos petroleros, lo que ha generado una disminución en los ingresos provenientes de esta actividad. Este fenómeno plantea interrogantes sobre el futuro energético y económico de la nación.
La decisión de reducir la exploración petrolera en Colombia está influenciada por varios factores, entre ellos, la transición hacia energías más limpias, las políticas gubernamentales y las dinámicas del mercado internacional. Según un informe reciente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), la perforación de pozos exploratorios y de desarrollo ha disminuido significativamente en los últimos años. En 2024, se perforaron solo 34 pozos exploratorios, lo que representa una caída del 33,3% en comparación con 2023 y del 60,9% respecto a 2022.
En el primer bimestre de 2025, la tendencia continuó con una reducción del 30,5% en la perforación de pozos de desarrollo en comparación con el mismo período del año anterior. Aunque hubo un ligero aumento en los pozos exploratorios, este no fue suficiente para compensar la caída general en la actividad.
La reducción en la exploración petrolera tiene consecuencias directas en los ingresos del país. El petróleo ha sido una de las principales fuentes de ingresos fiscales y de exportación para Colombia. Según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las regalías causadas por la explotación de hidrocarburos en 2024 ascendieron a 8,1 billones de pesos, un 10,1% menos que en 2023. Esta disminución afecta la capacidad del gobierno para financiar programas sociales y proyectos de infraestructura.
Además, la inversión extranjera directa (IED) en el sector petrolero también ha disminuido. En 2024, la IED en este sector fue un 26,8% inferior a la de 2023, lo que refleja la incertidumbre de los inversionistas ante las políticas gubernamentales y las condiciones del mercado.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha priorizado la transición hacia energías renovables como parte de su agenda ambiental y social. Esta política incluye la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, lo que ha generado críticas por parte de sectores industriales y económicos. Aunque la transición energética es un objetivo loable, su implementación requiere un equilibrio cuidadoso para evitar impactos negativos en la economía y el empleo.
El gobierno también ha propuesto medidas como el canje de deuda por acción climática, buscando que los países industrializados financien la transición energética de Colombia. Sin embargo, estas iniciativas aún están en etapas iniciales y enfrentan desafíos significativos.
La reducción en la exploración petrolera plantea varios retos para Colombia:
A pesar de estos desafíos, Colombia tiene la oportunidad de liderar en la transición hacia energías renovables en la región. Con una planificación estratégica y el apoyo de la comunidad internacional, el país puede diversificar su matriz energética y reducir su dependencia del petróleo.
La decisión de Colombia de reducir la exploración petrolera refleja un cambio significativo en su enfoque hacia el desarrollo energético. Aunque esta estrategia está alineada con los objetivos de sostenibilidad y transición energética, también plantea desafíos económicos y sociales que deben ser abordados con políticas integrales y efectivas. El éxito de esta transición dependerá de la capacidad del país para equilibrar sus objetivos ambientales con la necesidad de garantizar la estabilidad económica y el bienestar de su población.